La Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó por mayoría el dictamen recaído en los proyectos de ley 8889/2024-CR y 10046/2024 que, mediante texto sustitutorio, plantea modificar la Ley 31358, con el fin de fortalecer y ampliar el control concurrente en las inversiones públicas.

La iniciativa busca garantizar una supervisión efectiva durante la formulación, ejecución y funcionamiento de proyectos que involucren recursos públicos superiores a S/ 5 millones.

Esto incluye obras públicas, asociaciones público-privadas, convenios de gobierno a gobierno, obras por impuestos y otros mecanismos similares.

El dictamen establece que el control concurrente será obligatorio y vinculante, generando responsabilidad administrativa, civil y penal para los funcionarios que ocasionen perjuicio en cualquier etapa del ciclo de vida de una inversión.

Este control será ejercido por la Contraloría General de la República, con el respaldo de profesionales especializados y con experiencia técnica comprobada.

Para asegurar su implementación, se dispone que hasta un 2 % del valor total de cada inversión se destine al financiamiento del control concurrente, distribuido de la siguiente manera: Contraloría General de la República: 1 %, Ministerio Público: 0.5 %, Poder Judicial: 0.3 % y Procuraduría General del Estado: 0.2 %.

Estas transferencias deberán realizarse a más tardar el 31 de enero de cada año fiscal, bajo responsabilidad funcional, y se incorporarán en la estructura de costos del proyecto como un rubro específico denominado “control concurrente”.

Además, la Contraloría estará obligada a presentar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, hasta el 15 de enero de cada año, un Plan Anual de Implementación del control concurrente, así como informes trimestrales con los avances, responsabilidades detectadas, sanciones impuestas, acciones derivadas al Ministerio Público y propuestas normativas para mejorar el sistema.

DEBATE

Durante el debate, el congresista César Revilla Villanueva (FP) advirtió que el dictamen contiene aspectos que podrían vulnerar normas del derecho internacional y comercial, afectando especialmente los contratos de gobierno a gobierno, como los relacionados con hospitales. Propuso esperar el informe técnico de la Contraloría, que será presentado en los próximos días.

Por otro lado, congresistas de bancadas como Bloque Magisterial, Perú Libre y Perú Democrático respaldaron la propuesta, destacando la necesidad de aplicar el control concurrente desde la fase de preinversión, para prevenir expedientes técnicos deficientes que terminan en obras paralizadas, sobrecostos y corrupción.

Legisladores como Ariana Orué Medina (PP), Margot Palacios Huamán (NoA) y Carlos Zeballos Madariaga (BDP) coincidieron en que el nuevo marco legal permitirá sancionar a quienes formulen, aprueben o ejecuten proyectos de manera deficiente, subrayando la importancia de dotar de recursos adecuados a las entidades encargadas del control.

Asimismo, Jorge Marticorena Mendoza (Alianza Para el Progreso) y Pasión Dávila Atanacio (Bloque Social), respaldaron el dictamen, pero insistieron en la necesidad de conocer el informe técnico de la Contraloría antes de tomar una decisión definitiva.

Dávila exigió sanciones drásticas para funcionarios y contratistas corruptos, en el contexto de las más de 3,000 obras paralizadas en el país, mientras Marticorena denunció maniobras empresariales para evadir sanciones y la existencia de contratos fraccionados sin sustento técnico.

AMPLIACIÓN DE PERIODO

En la misma sesión, la comisión aprobó también por mayoría la ampliación del periodo de trabajo del grupo encargado de evaluar la calidad de servicios y resultados de gestión de EsSalud, presidido por el congresista Carlos Zeballos Madariaga, hasta el 25 de julio.

Durante su exposición, Zeballos Madariaga señaló que muchos equipos médicos esenciales, como tomógrafos y resonadores magnéticos, tienen entre 10 y 12 años de antigüedad sin haber sido renovados.

También alertó sobre graves deficiencias en la gestión de recursos humanos, con más de 12,000 contratos por locación de servicios, escaso control de asistencia, falta de medicamentos y denuncias de presuntas prácticas irregulares en la sede central de EsSalud, las cuales han sido derivadas a la Procuraduría del Congreso para su investigación.

En otro momento, se presentaron ante la Comisión, César Armando Díaz Valladares, rector y presidente del Consejo Universitario de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, y Raymundo Javier Híjar Guzmán, vicerrector académico de dicha casa de estudios.

Ambos expusieron el procedimiento institucional vigente para el otorgamiento de grados y títulos en los programas de pregrado y posgrado de la Universidad, detallando los plazos, etapas y responsabilidades administrativas involucradas, entre otros puntos.

Posteriormente, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo Álvarez, informó sobre la administración de la concesión de las instalaciones del hotel Sanctuary Lodge por un período de veinte años a favor de la empresa Belmond.

Además, el estado actual de las medidas cautelares interpuestas por los trabajadores de la empresa Perú Belmond Hoteles S.A., orientadas a mantener a dicha empresa como operador temporal del hotel hasta la convocatoria y conclusión de un nuevo proceso de licitación, entre otros puntos.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL