La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que preside María Acuña Peralta (APP), debatió, esta tarde, tres informes finales, uno de los cuales concluye en acusar al juez supremo y ex presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, como presunto instigador del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Dicha conclusión se encuentra en el informe final de la Denuncia Constitucional 469, interpuesta por el exfiscal de la Nación (i), Juan Carlos Villena Campana. El ponente fue el congresista Héctor Ventura López (FP), y obtuvo 14 votos a favor, 3 votos en contra y 3 abstenciones.

A Salas Arenas se le acusa de haber intervenido en un presunto acto irregular en la asignación de una plaza administrativa en el Poder Judicial del Callao.

Previamente, desestimó por mayoría el informe final correspondiente a la Denuncia Constitucional 390, cuya conclusión fue acusar al congresista Edgar Tello Montes (PP) por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado.

A Tello Montes se le acusó de influir en la nulidad de una licitación pública realizada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, además de que habría solicitado víveres para escolares de bajo recursos.

La mencionada denuncia fue interpuesta por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas; el ponente fue el congresista Esdras Medina Minaya (RP), y la conclusión fue acusar a Tello Montes por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado, y solicitar al Pleno del Congreso que proceda con el levantamiento del antejuicio político.

La primera votación obtuvo una mayoría: 11 votos a favor, 10 votos en contra y 1 abstención; sin embargo, la congresista Digna Calle Lobatón (PP) solicitó una reconsideración, la misma que fue aceptada por mayoría. En una nueva votación obtuvo: 10 votos a favor, 11 votos en contra y cero abstenciones.

ARCHIVO

Así también, archivó por mayoría la Denuncia Constitucional 108 (antes 461), contra el exministro de Salud Oscar Ugarte Ubilluz, por la presunta infracción a los artículos 9 y 38 de la Constitución.

El informe final propone que no existen elementos de juicio suficientes para establecer que el exministro haya infringido dichos artículos y recomienda su archivo.

La denuncia fue presentada por el excongresista César Gonzales Tuanama. La ponente fue la congresista Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo (RP), y obtuvo 12 votos a favor, 3 votos en contra y 5 abstenciones.

De acuerdo con el literal d.6) del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, los informes finales votados deben ser remitidos a la Comisión Permanente, conforme con lo establecido en el literal g) del presente artículo.

El mencionado literal, establece que en los casos de los informes finales aprobados, la Comisión Permanente nombra una Subcomisión Acusadora, propuesta por su presidente en el momento de presentar el informe final, a efecto de que se sustente el informe y formule acusación en su nombre ante el Pleno del Congreso.

INFORMES DE CALIFICACIÓN

En otro punto de agenda, la Subcomisión aprobó tres informes de calificación.

El primero corresponde a la Denuncia Constitucional 494, contra el exfiscal de la Nación (i), Juan Carlos Villena Campana, por la presunta infracción del artículo 117 de la Constitución y la posible comisión del delito de prevaricato, tipificado en el artículo 418 del Código Penal.

Se le acusó de no haber denunciado a la presidenta Dina Boluarte Zegarra por el “caso Rolex”. Informe declaró improcedente la denuncia. Fue aprobado por unanimidad (21 votos).

El segundo, corresponde a la Denuncia Constitucional 528, contra los exfiscales de la Nación Juan Carlos Villena Campana, Pablo Sánchez Velarde y Zoraida Ávalos Rivera, y la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela.

Los denunciantes son los congresistas Fernando Rospigliosi Capurro, José (FP), Ernesto Cueto Aservi (HyD) y Alfredo Azurín Loayza (SP)

Se les acusa de que cinco días después de publicarse la Ley 32130, Ley que modifica el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales, la junta de fiscales supremos emitió una resolución que aprueba un reglamento que se contrapone con la mencionada ley e invita a su incumplimiento.

Informe recomienda admitir a trámite denuncia por abuso de autoridad, falsedad genérica, y como posibles instigadores del delito de usurpación de funciones, y por las presuntas infracciones a los artículos 38, 103, 109, numerales 1 y 4 del artículo 159, y 166 de la Constitución; e improcedente en lo que respecta al delito de prevaricato.

Fue aprobado por mayoría: 17 votos a favor, 2 votos en contra y cero abstenciones.

El tercero, correspondiente a la Denuncia Constitucional 561, contra los congresistas Adriana Tudela Gutiérrez (AvP) y Fernando Rospigliosi Capurro (FP); denuncia no precisa la presunta infracción y/o comisión de delito de función.

El denunciante los acusa de no haber atendido oportunamente, en las comisiones que presiden, más de once proyectos de ley que buscan modificar la Ley 30299, sobre uso de armas. Informe declara improcedente la denuncia. Fue aprobado por unanimidad: 20 votos.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL