La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, que preside la congresista Francis Paredes Castro (PP), insistió en el dictamen de la autógrafa de ley recaído en los proyectos 2731/2022-CR, 3731/2022-CR, 3964/2022-CR, 4041/2022-CR, 4292/2022-CR Y 5102/2022-CR, observado por el Poder Ejecutivo que establece un porcentaje del presupuesto institucional de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales para actividades y programas orientados a la atención de personas con discapacidad.

La norma dispone que los gobiernos regionales y gobiernos locales destinen anualmente un 0,5% de su presupuesto institucional de apertura, para la realización de obras, reparaciones o adecuaciones, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Asimismo, la realización de trabajos de mantenimiento, destinados a mejorar o proveer de accesibilidad a la infraestructura urbana de las ciudades, incluyendo el acceso a las sedes regionales y municipales, que están al servicio de todos los ciudadanos y, prioritariamente, a quienes se encuentren en situación de discapacidad.

Además, de un 0,5% de su presupuesto institucional de apertura para financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios que realizan las oficinas regionales de atención a la persona con discapacidad (Oredis) y las oficinas municipales de atención a la persona con discapacidad (Omaped), establecidos en la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.

La iniciativa plantea que el Ministerio de Economía y Finanzas implementará en su portal de Transparencia Económica un módulo de consulta de información de, «Seguimiento de los gastos de los gobiernos regionales y locales en favor de las personas con discapacidad». Las cifras que incluye el módulo mencionado corresponden a lo dispuesto en el artículo

Los gobiernos regionales y gobiernos locales, bajo responsabilidad del titular del pliego, gerente general y gerente municipal, respectivamente, antes 31 de marzo de cada año, remitirán un informe anual de rendición de cuentas sobre el cumplimiento, resultados de ejecución presupuestaria e indicadores de desempeño.

Por otro lado, el congresista Guido Bellido Ugarte, sustentó el Proyecto de Ley 07690/2023-CR, que declara Se declara de necesidad pública e interés nacional que se garantice la seguridad alimentaria en la primera infancia del Programa No Escolarizado de Educación Inicial (Pronoei), con el fin de asegurar una adecuada nutrición y desarrollo físico y cognitivo de los niños y niñas beneficiarios de dicho programa.

“El derecho a la educación es un pilar fundamental sobre el cual se erige y construye toda sociedad e implica un proceso complejo que abarca el desarrollo físico, intelectual, emocional y social de las personas. Este proceso es esencial para el enriquecimiento individual, la realización personal, la promoción del conocimiento y el desarrollo de valores y principios que sustentan una convivencia armoniosa en la sociedad”, señaló.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL