La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, presidida por José Luna Gálvez (Podemos Perú), aprobó cuatro importantes proyectos de ley, entre ellos, el referido a destinar un porcentaje del presupuesto de gobiernos regionales y locales a la atención de las personas con discapacidad.

Se trata del dictamen recaído en los proyectos de ley 2731/2021-CR, 3964/2022-CR, 4041/2022-CR, 4292/2022-CR y 5102/2022-CR, que propone establecer el porcentaje de uso del presupuesto institucional de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales para la atención de las políticas públicas orientadas a las personas con discapacidad, y especificar medidas complementarias.

La iniciativa plantea que los gobiernos regionales y gobiernos locales destinen anualmente el 0,5 % de su presupuesto institucional de apertura para obras, reparaciones o adecuaciones destinadas a mejorar o proveer de accesibilidad a la infraestructura urbana de las ciudades, incluyendo el acceso a las sedes regionales y municipales, que están al servicio de todos los ciudadanos y, prioritariamente, a quienes se encuentren en situación de discapacidad.

Asimismo, el 0,5 % de su presupuesto institucional de apertura para financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios que realizan las oficinas regionales de atención a la persona con discapacidad (Oredis) y las oficinas municipales de atención a la persona con discapacidad (Omaped), establecidos en la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.

Asimismo, la comisión aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1587/2021-CR, que propone autorizar, de manera excepcional, el nombramiento de docentes contratados en educación básica regular que hubieran accedido a plaza presupuestada orgánica de contrato mediante concurso público de méritos y con más de tres años de servicio.

Otro de los dictámenes aprobados es el recaído en los proyectos de ley 2938/2021-CR, 3231/2022-CR y 3392/2022-CR, que proponen la ley para incrementar la propina de las promotoras educativas comunitarias de los programas no escolarizados de educación inicial (PRONOEI).

La propuesta plantea autorizar al Ministerio de Educación y a los gobiernos regionales a incrementar la propina que reciben las promotoras educativas comunitarias de los Pronoei del Ciclo I y Ciclo II a un monto equivalente a una remuneración mínima vital para los ámbitos urbano y rural.

Finalmente, la comisión aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3817/2022-CR, que propone promover la implementación de salas cunas o guarderías en las universidades públicas y privadas y el Proyecto de Ley 4090/2022-CR, Ley que fortalece el servicio de bienestar universitario, mediante la modificación de los artículos 28, 100 y 126 al 131 de la Ley 30220, Ley Universitaria.

“Las universidades públicas, a fin de fortalecer el bienestar universitario de los estudiantes universitarios, están autorizadas para asignar recursos para el financiamiento de la implementación y funcionamiento de guardería o cunas-jardín para los hijos menores de seis años de edad de los estudiantes universitarios que sean padres o madres, con cargo a sus recursos directamente recaudados y a los recursos de canon, sobrecanon y regalías mineras, y a los saldos de balance generados por dichos conceptos, así como a otras fuentes de financiamiento”, señala la iniciativa.

OFICINA DE COMUNICACIONES