Este lunes 7, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales llevó cabo la audiencia de la denuncia constitucional nro. 132 contra el ex presidente de la República, Manuel Merino De Lama; el ex presidente del Consejo de Ministros, Antero Flores-Aráoz Esparza, y el ex ministro del Interior, Gastón Rodríguez Limo.

A ellos se les acusa de ser presuntos autores, por omisión impropia, del delito de homicidio, en agravio de Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez, y por los supuestos delitos de lesiones graves y leves, a título de dolo eventual, en agravio de Fermín Marlon Cruz Ances y otros, tipificados en el Código Penal.

La denuncia constitucional 132 fue formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, y asignada al congresista Alejandro Cavero Alva (Avanza País) quien se encargó de exponer brevemente el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas, presentado el miércoles 23 febrero.

Dijo que se sustenta por los cargos que ocuparon los denunciados, quienes pudieron o debieron tomar las medidas necesarias para evitar la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado.

Por la parte denunciante participó el fiscal adjunto supremo Ludgardo Ramiro Gonzales Rodríguez quien subrayó que los hechos materia de la denuncia se suscriben cuando los denunciados ejercían altos cargos que tenían la obligación de velar por los derechos humanos

“No se les está imputando la muerte y las lesiones a título de acción, no se les está imputando la acción, lo que se les imputa es no haber evitado esos resultados teniendo la posibilidad de cambiar el curso de los sucesos y eso implica una responsabilidad”, refirió.

Entre los argumentos, dijo que cuando el ministro del Interior asume el cargo ya se tenía conocimiento de que se estaban produciendo movilizaciones en Lima. También señaló que se hizo uso desproporcionado de la fuerza pública en el control de manifestaciones.

“Se exhortaba un uso racional de la fuerza pública a través de llamados de organismos internacionales, lo cual implica no haber actuado dentro de los estándares nacionales e internacionales de intervención policial” dijo el letrado.

Finalmente, advirtió que es deber del Estado garantizar los derechos humanos y garantizar el derecho al ejercicio de la libre protesta. Además, la Convención de Derechos Humanos y el Pacto de San José respaldan el derecho de la protesta. “Hubo un contexto en la protesta donde se vulneraron los derechos humanos”, agregó.

Por su parte, el ex presidente Manuel Merino De Lama dijo que en las circunstancias en que asumió el cargo fue de manera constitucional, pero para el Ministerio Público “fue ilegitimo”. Afirmó que la denuncia presentada es sesgada por la omisión de no abarcar de manera general los hechos.
Subrayó que no estuvo presente en la marcha ni se tomó en cuenta que el ministro del Interior saliente “abandonó el cargo” el 10 de noviembre y eso el Ministerio Público no investiga.

Asimismo, indicó que no se ha demostrado que la Policía haya usado el tipo de arma que causó la muerte de los jóvenes Sotelo y Pintado, y que no se ha encontrado a los policías responsables porque hubo gente infiltrada en las movilizaciones de Lima.

“Esta investigación del Ministerio Público es una burla, disculpe que use palabras groseras, pero es la realidad”, dijo Merino al tiempo de observar
que se buscó señalarlo como responsable cuando tras asumir la Presidencia de la Republica –con su equipo ministerial- trabajaron en búsqueda de la pacificación.

A su turno, el ex presidente del Consejo de Ministros, Antero Flores-Aráoz observó que en dicha oportunidad se dieron varias protestas en las calles incumpliendo la normatividad porque había una situación de emergencia nacional y emergencia sanitaria donde tenía que haber uso de mascarillas y distanciamiento social y no hubo.

Coincidió con Merino De Lama al señalar que hubo infiltrados en las movilizaciones y afirmó que se reunió con la Policía Nacional, pero descartó que tenga algún tipo de autoridad sobre ella.

“Fui a la Policía Nacional a invocar a que se respeten los derechos humanos de los civiles y de los miembros de la institución. ¡Por supuesto que defiendo a la Policía!”, agregó.

Tras asegurar que fue un honor haber presidido el Consejo de Ministros, Flores-Araoz pidió justicia. “Este manchón no lo puedo permitir porque no lo merezco. Tengo 80 años y lo que pretenden es que vaya preso 33. No viviría para contarlo, este es un absurdo de los absurdos”, dijo.

Finalmente, hizo lo propio el ex ministro del Interior, Gastón Rodríguez Limo, quien sostuvo que no hubo represión, sino que restablecimiento del orden público, pero lo que siempre se busca es desprestigiar a la Policía Nacional.

Antes de suspender la audiencia, la presidenta de la subcomisión, congresista Rosío Torres (APP), informó que se coordinará para una próxima sesión la invitación a los testigos. Indicó que se realizarán 2 o 3 reuniones más porque son 29 testigos que deben concurrir a ese grupo de trabajo.

OFICINA DE COMUNICACIONES