Por unanimidad (112 votos), el Pleno del Congreso aprobó una moción que plantea otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría a fin de indagar y averiguar exhaustivamente todos los hechos relacionados o ligados, directa e indirectamente, a la pandemia COVID-19 y a la emergencia sanitaria nacional, desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo N.° 008-2020-SA hasta el 26 de julio del 2021.

Asimismo, indica que analizará la existencia o no de presuntas conductas culposas o dolosas ocasionadas por comportamientos irregulares, indebidos o negligentes por parte de altos funcionarios, autoridades y/o servidores públicos, personas naturales y/o jurídicas, incurridos presuntamente por el pésimo manejo de la emergencia sanitaria nacional que ocasionó la pérdida de miles de vidas humanas, que dejó familias desamparadas, personas con largas rehabilitaciones, afectó peligrosamente a nuestra sociedad y causó, incluso, un serio perjuicio al Estado. Esta investigación se deberá realizar en un plazo de 180 días hábiles.

Previamente, el Parlamento Nacional admitió a debate dicha propuesta, siendo la votación por unanimidad (108 votos). Sustentó la moción el parlamentario Alejandro Aguinada Recuenco de la bancada de Fuerza Popular, quien señaló que durante la pandemia se dieron una serie de dispositivos legales para facilitar el combate a la COVID-19, las cuales, según dijo, que en algunos casos fueron desnaturalizados, vulnerados o mal utilizados, dando lugar a la existencia de una probable infracción a la Constitución y a graves delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.

«Podrían existir delitos contra la administración pública y otros hechos que causaron la pérdida de casi 200 mil vidas humanas, afectando a miles de familias, así como un serio perjuicio al Estado y a la sociedad en su conjunto. Es evidente el pésimo manejo de diversas acciones durante la emergencia sanitaria destinadas a combatir esta pandemia, las convocatorias o concursos irregulares, los hechos de corrupción, las autorizaciones sanitarias para el ingreso de vacunas COVID-19, las compras de medicinas e implementos clínicos», expresó.

OFICINA DE COMUNICACIONES