A cuarto intermedio pasó el dictamen del Proyecto de Ley 5134, que propone modificar el Código Penal para establecer la pena de cadena perpetua para funcionarios públicos señalados en el artículo 99 de la Constitución Política, por la comisión de delitos de corrupción.

La propuesta sustentada por la presidenta de la comisión de Justicia y Derechos Humanos, Leslye Lazo (AP), establece la modificación de los artículos 46-A y 401 del Código Penal, planteando como circunstancia agravante de los delitos de corrupción la condición del denominado sujeto activo, es decir, cuando la persona implicada en el hecho tiene un alto rango en la estructura de la administración del Estado, «en cuyo caso la pena es de cadena perpetua».

Al respecto, Lazo Villón señaló que «cuanto más alto es el rango del funcionario que comete el acto de corrupción, más grande es la defraudación contra el pueblo peruano».

La legisladora recordó que el artículo 99 incluye al presidente de la República, los congresistas, ministros de Estado, magistrados del Tribunal Constitucional, miembros de la Junta Nacional de Justicia, jueces y vocales supremos, así como fiscales supremos, que están amparados por el proceso del antejuicio político.

Otto Guibovich (AP), autor de la propuesta, consideró que esta norma es necesaria, porque «es penoso ver presidentes, ministros, jueces y fiscales acusados de corrupción cuando ellos son los que deben dar el ejemplo».

Cabe señalar que el dictamen de la comisión de Justicia también señala, en el caso del artículo 401, referido al delito de enriquecimiento ilícito, se establece que el funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años e inhabilitación del cargo, así como 365 a 730 días-multa.

Al respecto, diversos legisladores como Marco Verde (APP) y Orlando Arapa (NC) coincidieron en señalar que la norma debe incluir a toda autoridad y funcionario que maneje presupuesto y recursos, como son los gobernadores regionales y los alcaldes provinciales y distritales.

Para el congresista Ricardo Burga (AP), «la ley puede ser mejorada, yo creo en la resocialización de las personas, debemos en todo caso aumentar las inhabilitaciones de diez (10) años a que sean de por vida, con esta cadena perpetua estamos condenando a que no exista resocialización de las personas».

Por su parte, la legisladora Martha Chávez (NoA) aseveró que en la propuesta no existen funcionarios que también tienen altos rangos dentro de la administración del Estado como los directores del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca y Seguros, entre otros.

Finalmente, la titular de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos solicitó a la presidencia del Congreso que se pase a un cuarto intermedio para recoger los aportes de los congresistas.

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