La Comisión Permanente aprobó por mayoría (22 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención) acusar al exmiembro del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Segundo Morales Parraguez, por haber infraccionado los artículos 39 y 150 de la Constitución Política y recomienda sancionarlo con la inhabilitación en el ejercicio de la función pública por cinco años.

Una vez tomada esta decisión, y de acuerdo con el inciso g) del artículo 89 del Reglamento del Congreso, la presidenta a. i. Mirtha Vásquez Chuquilín, propuso al actual titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Carlos Pérez Ochoa (AP), como ponente de la acusación ante el Pleno, propuesta que fue aprobada por unanimidad.

La Denuncia Constitucional 35, que solicita esta inhabilitación, se basa en el Informe de Calificación que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente el 6 de junio de 2017, por haber propiciado, presuntamente, que Enrique Valdez Alegría labore como asesor de su despacho pese a tener un vínculo sentimental con su hija, Amarilis Morales Fernández, y ser su futuro yerno.

Congresista Carlos Pérez sustenta informe final de la denuncia constitucional 35

Carlos Pérez Ochoa informó, en su calidad de titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ponente también ante la Comisión Permanente, que el Informe Final puesto a debate viene del periodo parlamentario anterior, su ponente fue Javier Velásquez Quesquén (PAP), y que su comisión se allana a él.

Seguidamente, precisó que al haber tomado conocimiento que el acusado ya no tiene la condición de exconsejero, porque fue removido de su cago por el Congreso de la República en el 2018, propuso una nueva redacción en donde se desestima la destitución del CNM.

LA DEFENSA

Segundo Morales Parraguez rechazó la conclusión a la que llegó la subcomisión por ilógica, ilegal e irracional, y expresó que el Congreso anterior no le permitió su derecho a defensa e incluso solicitó la nulidad de lo actuado, porque no se le había dado ese derecho.

El acusado sostuvo que los denunciantes son dos exjueces de Lambayeque que fueron destituidos disciplinariamente por el CNM, y el hecho de que esta entidad haya contratado a un asesor no constituye una infracción constitucional.

Precisamente, la Denuncia Constitucional 35 fue presentada el 8 de enero de 2019 y se basa en una denuncia formulada por los exjueces Franklin Rodríguez Castañeda y Juan Zúñiga Bocanegra, la misma que fue realizada el 8 de noviembre de 2016.

Morales Parraguez negó haber participado en la contratación de dicho abogado, y dijo que en su momento se demostró que este profesional no tenía ningún vínculo con él y sostuvo que esta denuncia se efectuó en función de “una maniobra política de quienes controlaban el Congreso en esas fechas”, que pretendían destituirlo para que ingrese en su reemplazo María Zavala valladares.

Lima, 1 de marzo de 2021

OFICINA DE COMUNICACIONES