El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, sustentó anoche el pedido del Poder Ejecutivo para legislar en materia económico-financiera afirmando que si el Congreso de la República no le autoriza a bajar el Impuesto General a las Ventas (IGV) en un punto porcentual -del 18 al 17%- y le prohíbe reformar radicalmente el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y descentralizar Proinversión el país el Fisco podría dejar de recaudar mínimamente dos mil millones de soles.

Otra medida que forma parte del pedido de facultades está el aumento del Impuesto a la Renta -de 28% a 30%- para las medianas y grandes «porque la reducción aprobada el 2014 no solamente no incrementó la inversión sino que redujo los ingresos de los gobiernos locales y regionales por concepto de canon y que si no hacemos nada -alertó el ministro- llegaría a los 3 mil millones de soles en cinco años. Solamente en el 2016 se estima que la pérdida será de mil 300 millones de soles», subrayó Thorne.

Fue durante su presentación ante la Comisión de Economía del Congreso que lo presidió el vicepresidente de ese grupo de trabajo, Eloy Alcalá Mateo (FP), en razón que la presidenta Mercedes Aráoz, de la bancada Peruanos por el Kambio (PPK) está encargada del Despacho de la Presidencia de la República.
Thorne sustentó cada una de las medidas económico-financieras que tiene listo el Gobierno para reactivar la economía nacional y para lo cual pidió al Parlamento le conceda dictar decretos legislativos en un plazo de 120 días.

El ministro de Economía defendió la rebaja del IGV afirmando que es una medida de impacto porque tiene un efecto de maduración que va entre uno a dos años y cuyo resultado final será la ampliación del número actual de contribuyentes, especialmente de los pequeños y medianos emprendedores, quienes a su vez tendrán una buena señal para formalizarse.

Y con respecto a la urgencia de un nuevo sistema de inversión pública, el titular de Economía y Finanzas dijo que si el Gobierno tiene las facultades para legislar lo primero que ocurrirá será el cambio de la actual denominación del SNIP y respecto a la reforma de Proinversión manifestó que el propósito es profesionalizar a los funcionarios de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales para que capten inversión pública y privada y financien sus obras de desarrollo locales con calidad.

«Lo que se quiere es reducir la brecha de infraestructura social en 50% al 2021 y pasar de 4.5% a 6.2% del Producto Bruto Interno en inversión en infraestructura. Perfeccionaremos la normativa tributaria municipal con la finalidad de mejorar la equidad y eficiencia de los tributos de los gobiernos locales, fortaleciendo su gestión», indicó.

Thorne invocó a los congresistas de las distintas fuerzas políticas que no dispersen el paquete reactivador económico-financiero que ha elaborado el Gobierno porque si ello ocurre se van a dilatar los efectos del necesario relanzamiento de la producción nacional y que podría crecer a un ritmo de 5%.

«Simplificaremos, estandarizaremos y optimizaremos los procedimientos administrativos en el Estado y potenciaremos el sistema de eliminación continua de barreras burocráticas. Reactivaremos la economía destrabando los proyectos de inversión pública y privada para la brecha de infraestructura existente e incrementar los beneficios relativos de pertenecer a la formalidad.

Hoy los proyectos de inversión pública no están vinculados a cerrar brechas de infraestructura y no responden a una visión de desarrollo, la formulación de proyectos es deficiente, los estudios de pre-inversión no tienen buena calidad y no existe un seguimiento de la ejecución física y financiera de los proyectos lo que genera retrasos y paralización de proyectos», remarcó.

Antes de la presentación del ministro de Economía, intervino el presidente del Consejo de MInistros, Fernando Zavala, quien reiteró los cinco ejes que constituyen la base del pedido de facultades legislativas: la reactivación del aparato productivo nacional, mejorar la lucha contra el crimen, enfrentar la corrupción con la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales; dotar de agua potable y saneamiento a casi cuatro millones de peruanos y la reorganización de PetroPerú.

Durante el debate multipartidario correspondió, entre otros, al congresista Rolando Reátegui (FP) preguntar al ministro Thorne por los programas de inserción laboral juvenil y si las facultades legislativas comprende también la creación de un seguro para el desempleo en tanto sus colegas de bancada, Miguel Torres y Luis Galarreta, pusieron reparos al plazo de 120 días que ha fijado el Gobierno para dictar los decretos legislativos.

Jorge del Castillo, de la Célula Parlamentaria Aprista, dudó que la rebaja de un punto porcentual del IGV ayude a reducir la informalidad por lo que le pidió al ministro Thorne que no dicte esta medida a partir del primero de enero del 2017. Asimismo le sugirió al titular de Economía y Finanzas que vaya despacio con su propuesta de descentralizar Proinversión.

Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular, tildó la exposición del ministro de Economía y Finanzas como un «rosario de buenas intenciones» y le preguntó a Thorne por qué el gobierno no fomenta las inversiones para cerrar la brecha de infraestructura social con los recursos de las administradoras de los fondos de pensiones.

Alberto Quintanilla, de Frente Amplio, pidió al ministro de Economía que explique las medidas que está estudiando el actual gobierno para permitir la diversificación de la economía nacional y demandó que el Estado tenga mayor presencia en la vida del ciudadano de a pie brindando excelentes servicios públicos. Su colega de bancada Wilber Rosas, planteó que antes de proponerse la reducción del IGV debería duplicarse los recursos del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun).

PRENSA-CONGRESO

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