La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista Milagros Takayama(FP) inició su cuarta sesión ordinaria para ver la denuncia constitucional Nº 110. 

Tal denuncia es formulada por los ciudadanos Juan Alberto Ágreda Huamán, José Santiago Bryson de la Barrera, Julio César Casusol Martínez, Jorge Enrique Curzo Ramírez, Toribio Dioses Lupú, Américo Manuel Martínez Cárdenas, Wilbert Wuillian Puerta Calderón, Edgar Félix Rojas Poma, Nicolás David Romero Saldaña, Cilas Timoteo Sanabria Payano e Hipólito Fermín Silva Torres, contra los miembros del Tribunal Constitucional Manuel Jesús Miranda Canales, Marianella Ledesma Narváez, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinoza Saldaña-Barrera, por la supuesta infracción al artículo 139°, inciso 2 de la Constitución Política y la presunta comisión del delito de Prevaricato contemplado en el artículo 418 del Código Penal. 

Los cuatro magistrados del TC  comunican que no estarán en la audiencia, pero sí sus abogados que los representarán. 

Los defensores de los denunciados dicen estar de acuerdo de que audiencia sea pública y se les da el uso de la palabra a Humberto Abanto y Sergio Tapia Tapia, abogados de los denunciantes. 

Los abogados de los ex marinos acusan a los magistrados de haber cambiado la orientación de uno de los votos de una sentencia del 2013 sobre el caso El Frontón. 

«Se reabrió un proceso judicial que la Constitución lo prohíbe. Se muta, se cambia la sentencia», señala Tapia Tapia, quien cuestiona que haya cambiado el voto del entonces magistrado Juan Vergara Gotelli respecto al caso El Frontón. «Eso es gravísimo», afirma. 

«Hay un delito. Todo lo que ellos han hecho (señalando a los abogados de los 4 magistrados del TC denunciados) es prevaricato», dice Tapia. 

“No es cierto que los magistrados del TC no pueden ser denunciados constitucionalmente por infracción a la Constitución y por delito de función. Lo dice la Constitución», dice el otro abogado de los ex marinos, Humberto Abanto. “Se ha violado la garantía de la cosa juzgada», agrega. 

Posteriormente harán uso de la palabra los abogados de los cuatro magistrados. Ellos son Roberto Pereyra, abogado de Carlos Ramos; Walter Albán, abogado del juez Espinoza-Saldaña; Samuel Abad, abogado de Manuel Miranda; y  Ana María Rarte, abogada de Marianella Ledesma. 

Antes de ingresar a la Orden del día, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio cuenta que la Oficialía Mayor le había  notificado formalmente del plazo de 15 días otorgado por la Comisión Permanente, el pasado lunes 20, para investigar al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por supuesto delito de “grave omisión funcional”.