Comisión de Justicia también aprueba Ley del Martillero

Trata de personas será considerado delito contra la dignidad humana

Centro de Noticias del Congreso

11 Nov 2020 | 18:13 h

La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes serán considerados, en el Código Penal, como delitos contra la dignidad Humana, con lo cual se sistematizará los artículos referidos y se garantizará la representación procesal de los menores de edad y la reparación de las víctimas de explotación.

Así lo aprobó, en forma unánime el miércoles 11, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside la congresista Leslye Lazo Villón (AP), el predictamen que incorpora seis proyectos de ley que datan desde el 2017 hasta el 2020.

La congresista María Teresa Cabrera Vega (PP) destacó la propuesta, porque permitirá el reordenamiento y las modificaciones al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley de Trata de Personas y al tráfico ilícito de migrantes.

Dijo que de esta manera se podrá garantizar la representación procesal de los menores de edad y la reparación civil de las víctimas.

La congresista Lazo Villón dijo que la incorporación del agravante al Código Penal del estado de gestación de la víctima al delito de trata de personas obedece a que son varios delitos los que se contempla.

MARTILLERO PÚBLICO

Asimismo, por ocho votos a favor y cinco abstenciones se aprobó por mayoría el predictamen que propone la Ley del Martillero Público, a fin de autorizar los remates públicos a cargo de los martilleros públicos, a través de medios electrónicos u otros similares.

La iniciativa regula los remates judiciales dispuestos por los órganos jurisdiccionales que se realicen a través de medios electrónicos, los que requieren para su validez de la intervención de un Martillero Público.

El remate electrónico debe cumplirse con determinados requisitos, entre ellos que se cumpla con el pago del arancel por concepto de remate; que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.

Asimismo, que el juez disponga el remate electrónico judicial nombrando al martillero público por sistema aleatorio.

MEDIDAS CAUTELARES

Asimismo, el grupo de trabajo parlamentario aprobó por mayoría la iniciativa que propone la modificación de la Ley N.°26979, Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva para establecer medidas cautelares de emisión masiva por medio de sistemas informáticos y dicta otras disposiciones respecto a ejecución coactiva de infracciones a las normas de tránsito y transporte terrestre.

Durante la sustentación, la titular de la comisión indicó que la propuesta plantea que las entidades de la administración pública puedan trabar medidas cautelares masivas, tales como las retenciones bancarias a través de plataformas virtuales con los bancos y otras instituciones financieras, así como el envío de requerimientos de embargos, en la forma de inscripción sobre inmuebles o bienes muebles inscribibles ante la Superintendencia de los Registros Públicos sin ninguna restricción.

Dijo que el gobierno electrónico utiliza la tecnología de la información, la comunicación para mejorar los servicios de comunicación con eficiencia, transparencia y con mayor participación.

Indicó que el proyecto de ley propone que los vehículos de transporte público, cuya antigüedad sea mayor de 20 años, y que sobre los mismos la autoridad administrativa hay concluido un procedimiento de sanción, así como la ejecución de una deuda coactiva, serán sometidos directamente al procedimiento del chatarreo de vehículos de transporte público.

Esta propuesta también tuvo que salvar una cuestión previa presentada por la congresista Chávez Cossío para que regrese a comisión para un mayor estudio. Seis votos en contra, cinco a favor y dos abstenciones hicieron que siga en proceso.

Antes, un pedido del congresista Alberto De Belaunde De Cárdenas (PM) fue rechazado por ocho votos en contra, dos a favor y una abstención. El planteamiento proponía invitar al viceministro del Interior y a la Fiscalía de la Nación para que informen y respondan a las denuncias sobre una supuesta actitud arbitraria por parte de la policía durante las movilizaciones populares; y sobre la ausencia de fiscales en diferentes lugares del país durante los disturbios, respectivamente.

La titular de la comisión, acogió el pedido de la congresista Martha Chávez Cossio (FP) para oficiar a la Fiscalía de la Nación para que realice un informe respecto a la ausencia de fiscales en las comisarías del país en los últimos días.

PRENSA-CONGRESO

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