Con los votos de los legisladores Édgar Ochoa (coordinador) y Luz Salgado, Lizbeth Robles, Clemente Flores y Justiniano Apaza, el grupo de trabajo que evaluó el alcance del Decreto de Urgencia 006-2019 aprobó por unanimidad un informe favorable sobre ese dispositivo legal.

El objetivo es transferir 137 millones, 199 mil soles del Ministerio de Educación al Ministerio de Inclusión Social para garantizar obras de infraestructura de servicios en 30 centros escolares: adquisición de estructuras modulares, contratación de servicios, adquisición de bienes que permitan acondicionar tales espacios que trabajan a través de núcleos ejecutores del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social-FONCODES.

Los fondos transferidos serán destinados a instituciones educativas que trabajan bajo las modalidades Servicio Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil en el Ámbito Rural y el Modelo de Servicio Educativo Secundaria en Alternancia.

El legislador Édgar Ochoa expresó su preocupación ya que en igual condición y necesidad se encontrarían otros centros educativos rurales de la selva y zonas andinas a los que el Decreto de Urgencia 006-2019 no les alcanza.

El FONCODES implementará 30 núcleos ejecutores en 30 espacios comunitarios para que a su vez las comunidades reciban los recursos y con fiscalización del Gobierno Municipal y local puedan completar la infraestructura.

“Esto obedece a un informe de la Defensoría del Pueblo que eleva al Ministerio de Educación la constatación de la precariedad en la que los jóvenes de zonas rurales andinos y amazónicos estaban estudiando”, explicó Ochoa.

“Nuestra conclusión es que es acertada la transferencia de recursos por que existe un conjunto de problemas que ponen el riesgo la vida, salud, integridad física y sexual, así como el desempeño escolar de los estudiantes indígenas de los internados. También es acertado atender la precariedad de los internados que expone a los niños y jóvenes a ser posibles víctimas de delito contra la libertad sexual, trata de personas, aumento y riesgo de embarazo adolescente”, anotó.

Agregó que la reflexión crítica es que el Ministerio de Educación demostró una vez más, que no puede ser eficiente en la ejecución de sus recursos y por ello tiene que correr el traslado al Ministerio de Inclusión Social.

La recomendación del grupo es que se debe atender en similares condiciones a las 46 instituciones que son objeto de la recomendación de la Defensoría del Pueblo.

Cabe indicar que la Comisión Permanente deberá elevar el presente informe al Congreso de la República que será elegido el 26 de enero de 2020, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política del Perú.

PRENSA-CONGRESO