En forma unánime, la Comisión de Defensa Nacional, que preside el congresista Daniel Urresti Elera (PP), aprobó el viernes 6, que el delito de tráfico de bienes de procedencia delictiva en el Código Penal sea considerado de forma autónoma.

Empero, cuando corresponda, esté comprendido en el dispositivo que contempla la lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado.

La iniciativa de la bancada de Podemos Perú propone que quien de manera continua o mediante actividades subrepticias trafica bienes con conocimiento o presunción razonable de su procedencia delictiva, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.

De igual manera, aprobó, por mayoría, la propuesta que plantea establecer el Proceso de Retorno Interno y establece las condiciones, oportunidades, beneficios e incentivos para la incorporación de los migrantes internos a la Población Económica Activa (PEA)

Se trata de una iniciativa de autoría del congresista Rolando Ruiz Pinedo (AP), que indica que los beneficiarios de la ley serían las personas que resulten siendo desplazadas o que al momento de la declaratoria del estado de emergencia se encontrasen fuera de las regiones en las que vivía habitualmente.

Con la finalidad de incorporarlos a la PEA, se establecen los beneficios de acceso a la promoción de los Centros de Desarrollo Empresarial del Ministerio de la Producción; a la asistencia técnica para el desarrollo de planes de negocio, implementación de la Ventanilla Única de Trámites; exoneración de costos y tasas de trámites entre otros.

De otro lado, la comisión aprobó, por unanimidad, solicitar al Consejo Directivo que se derive a ese grupo de trabajo dos propuesta legislativas.

Se trata de los PL 6064 y 6158 de autoría del congresista Urresti Elera. El primero propone fortalecer las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, en el ámbito de la prevención y lucha contra el crimen organizado, el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo.

El segundo, busca mejorar el modelo de persecución penal para erradicar la violencia y fortalecer el civismo y la seguridad ciudadana.

Antes, la comisión recibió el informe sobre el cumplimiento o grado de avance de los beneficios contemplados para el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el marco de la pandemia.

El coordinador de Seguridad y Defensa de la Dirección en Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, Alfonso Flores Majer, dijo que a la fecha han sido entregados 14 millones 800 mil soles por seguro de vida a beneficiarios de 223 policías fallecidos en el marco de la emergencia por la COVID-19.

Asimismo, 215 millones de soles en bonificaciones extraordinarias para el personal policial, de las Fuerzas Armadas y trabajadores penitenciarios que están en primera línea contra la COVID-19.

Indicó que, para el personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y Cuerpo de Bomberos del Perú, de acuerdo con ley, se fijó un monto de 66 millones de soles para el personal de la PNP o sus beneficiarios.

Ante preguntas del presidente de la comisión y del congresista Alfredo Benites Agurto (Frepap), sobre el porcentaje de beneficiarios de los policías fallecidos que han logrado cobrar y cuándo les corresponde el segundo bono, Flores Majer dijo que hasta el momento todos han sido pagados y que últimamente entró una lista de 91, que está en trámite y que probamente será pagado a fines de la próxima semana.

Señaló que el segundo bono ya fue entregado a la Policía Nacional del Perú y que aún no ha ido ingresado el del Ministerio de Defensa.

BOMBEROS

El comandante general del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, Tulio Nicolini, fue invitado para opinar sobre el Proyecto de Ley 6216/2020-CR del congresista Rubén Ramos Zapana (UPP), al que calificó como no adecuado.

Sostuvo que como parte de la sociedad organizada su institución tiene que estar cerca del Poder Ejecutivo, pero no estar sometida a él.

“Sí podemos ser colaboradores con la sociedad, pero no sometidos”, dijo al informar que ellos tienen una propuesta, en la que plantean que esta institución sea considerada un organismo técnico especializado.

Señaló que desde 1860 han colaborado con la sociedad y tienen multitud de héroes, lo que es su sustento de su civismo. Tienen un orden jerárquico y voluntariamente un régimen castrense interno.

Para el caso de un accidente con fallecimiento y desamparo de su familia, proponen un bono de 50 UIT. Entre otros aspectos, una pensión temporal para un bombero accidentado en servicio, en forma proporcional a los días utilizados, sobre la renta anual. En todo caso el equivalente a una UIT.

Asimismo, que se otorgue el beneficio de seguro de salud a los que no lo tienen, pero hizo hincapié en aclarar que los bomberos no son funcionarios públicos.

Alfredo Benites Agurto (Frepap) consideró necesario profesionalizar la gestión administrativa del CBVP, sin que pierda su autonomía y sea afectado por barreras burocráticas.

Por su lado, opinó que una cuestión fundamental es considerar la neutralidad de los bomberos, que permite ingresar en todos los estamentos de la sociedad para salvar vidas.

En ese sentido, consideró que el lugar más adecuado sería la Presidencia del Consejo de Ministros para integrar a los bomberos, sin que pierdan su independencia.

Urresti Elera destacó que si el CBVP fuera parte del Poder Ejecutivo mucha gente pretendería ingresar a la institución por los beneficios y no por voluntariado y vocación de servir.

“Se ha presentado un proyecto de ley y ahora tenemos ya la opinión de los mismos bomberos. Queda, entonces, que el equipo técnico de la comisión trabaje un texto sustitutorio y sea puesto al debate. Lo que queremos es presentar una propuesta que satisfaga a las partes y beneficioso para la población”, expresó.

PRENSA-CONGRESO