Denuncias de supuestas graves irregularidades y eventuales delitos en el distrito tumbesino de San Jacinto fueron escuchadas hoy martes 11 en sesión efectuada por un Grupo de Trabajo de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, encargado de fiscalizar los procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras en los gobiernos locales.

Ese grupo de trabajo es coordinado por el congresista Bienvenido Ramírez Tandazo (FP), y ante esa instancia comparecieron el alcalde distrital de San Jacinto, José Luis Cornejo Feijóo, y el denunciante, Esteban Santamaría Obando.

Este último dijo que el burgomaestre, policía en situación de retiro como el mismo denunciante, es sindicado como presunto autor de irregularidades en la ejecución de diversas obras públicas hechas durante su gestión de varios años, puesto que es autoridad edilicia reelegida en varias oportunidades.

“Inclusive, ha sido denunciado ante el Ministerio Público. Sin embargo, sin más trámite, el Poder Judicial lo libera de toda culpa y además dispone su restitución en la alcaldía distrital”, expresó el denunciante.

En contrapartida, el alcalde Cornejo desmintió los cargos, y añadió que en la labor municipal se cuenta con la supervisión de funcionarios de la Contraloría General de la República, en tanto que el trabajo que realizan es supervisado también por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE). Indicó que las acusaciones en su contra caen por su propio peso, a estar por las diversas obras de agua, pistas, veredas, losas deportivas, entre otras, que hoy se observa en el distrito de San Jacinto.

El coordinador del grupo, congresista Bienvenido Ramírez, dijo que él también reside en San Jacinto y podía afirmar que no todo el distrito está asfaltado y las veredas tampoco cubren a todos los sectores de la jurisdicción.

A pedido del legislador Carlos Domínguez Herrera (FP) se acordó enviar la documentación recogida hasta ahora al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República. Asimismo, se les solicitará que intervengan en el caso ya que los descargos del burgomaestre no resultaban claros y precisos.  

La decisión fue adoptada por unanimidad, también con los votos de los parlamentarios Marco Miyashiro Arashiro (FP) y Ana Choquehuanca de Villanueva (PPK). Todos ellos formularon preguntas precisas tanto al denunciante como al alcalde Feiojóo.

Se anunció que a una próxima reunión se convocará a representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). (JTR).

PRENSA-CONGRESO

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