La Subcomisión de Control Político, presidida por la congresista Patricia Juárez (FP), aprobó este viernes 19 diversos informes relacionados con decretos legislativos y decretos supremos emitidos el 2025.

La sesión, correspondiente al Periodo Anual de Sesiones 2025-2026, permitió revisar la legalidad de varias normas dictadas por el Ejecutivo.

Los parlamentarios analizaron cinco decretos legislativos. El primero, el Decreto Legislativo N.° 1530, introdujo cambios en la Ley General de Aduanas respecto a plazos de devoluciones y regímenes especiales en zonas de frontera. Sin embargo, el informe detectó que el expediente remitido por el Ejecutivo contenía omisiones formales, pues la exposición de motivos no correspondía al decreto evaluado.

En ese sentido, la subcomisión recomendó a la Comisión de Constitución instar al Ejecutivo a corregir estas deficiencias.

“El Decreto Legislativo 1530 modifica la Ley General de Aduanas al ampliar los plazos para las devoluciones por pagos indebidos, que pasan de 45 días a cinco meses y hasta 12 meses según la exigibilidad de la obligación. Además, establece un régimen especial para facilitar el ingreso de mercancías a las poblaciones de frontera y deroga el artículo 158, eliminando los montos mínimos para devoluciones de la Sunass. Sin embargo, el Ejecutivo remitió un expediente equivocado —correspondiente al Decreto 1529 y no al 1530— lo que constituye una omisión formal. Por ello, desde la Comisión de Constitución invocamos al Ejecutivo a actuar con mayor diligencia en el envío de estos expedientes”, señaló Patricia Juárez.

Posteriormente, se debatió el Decreto Legislativo N.° 1550, que modificó la norma sobre Asociaciones Público-Privadas con el fin de optimizar la evaluación presupuestal de proyectos. El informe destacó que algunas de sus disposiciones aún no tienen vigencia, pues dependen de cambios reglamentarios pendientes.

El análisis también incluyó el Decreto Legislativo N.° 1567, que modificó la Ley Marco de los Servicios de Saneamiento, otorgando a gobiernos locales la facultad de resolver conflictos entre usuarios y organizaciones comunales.

En paralelo, se evaluó el Decreto Legislativo N.° 1641, que amplió las competencias de la Marina de Guerra en materia de ciberseguridad. Finalmente, el Decreto Legislativo N.° 1652 fue considerado conforme al introducir cambios en la Ley de Electrificación Rural para acelerar proyectos en comunidades apartadas.

Tras la deliberación, los cinco informes fueron aprobados por unanimidad de los integrantes

PRÓRROGAS DE ESTADO DE EMERGENCIA

Más adelante, la Subcomisión de Control Político también debatió 10 informes sobre decretos supremos referidos a prórrogas de estados de emergencia en distintas regiones del Perú.
Entre ellos figuraron las provincias de Virú, Trujillo y Pataz en La Libertad; distritos de Tambopata y Manu en Madre de Dios; el Corredor Vial Sur (Apurímac, Cusco y Arequipa); además de localidades en Ayacucho, Huancavelica, Junín, Loreto, Lambayeque y Amazonas.

Las medidas respondieron a distintos factores: desde el incremento del crimen organizado y la minería ilegal, hasta desastres naturales como intensas lluvias o el colapso de sistemas de alcantarillado.

Los informes resaltaron que, en la mayoría de los casos, el control del orden interno permanece a cargo de la Policía Nacional con apoyo de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se recomendó al Ejecutivo cumplir de manera estricta los plazos de remisión de los decretos supremos al Congreso, debido a retrasos detectados en la entrega de algunos expedientes.

Con seis votos a favor, la subcomisión aprobó, por unanimidad, los 10 informes vinculados a los decretos supremos 091, 092, 094, 095, 096, 099, 100, 101, 102 y 103 del año 2025.

De esta manera, el grupo parlamentario reafirmó su rol de control político sobre las decisiones del Ejecutivo, tanto en la emisión de decretos legislativos como en la aplicación de medidas excepcionales en distintas regiones del país.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL