La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó, con 13 votos a favor y 8 en contra, el informe final que recomienda el archivamiento de las denuncias constitucionales nro. 268 y 269 (acumuladas) contra la exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte Zegarra, por presunta infracción constitucional y delitos.

A ese acuerdo se llegó en la sesión que realizó el lunes 5 dirigida por su presidenta, la congresista Lady Camones Soriano (APP).

Los cargos imputados en las denuncias contra Boluarte son por presunta infracción a los artículos 38 y 126 de la Constitución Política y por la presunta comisión de delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo tipificados en los artículos 377 y 399 del Código Penal.

Correspondió al congresista Edgar Raymundo (JP-CD), en su condición de delegado, sustentar el informe final que buscaba determinar si la denunciada exministra participó en la gestión de intereses y dirección a favor de la Asociación Privada Club Departamental Apurímac y si constituye infracción al artículo 126 de la Constitución Política.

“No se ha determinado que la denunciada, Dina Boluarte Zegarra, en su condición de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, haya infringido el artículo 126 de la Constitución Política, por cuanto los actos registrales y solicitud de licencia de funcionamiento que suscribió, no implicaron, en lo absoluto, actos de gestión o de dirección de la Asociación Privada Club Departamental Apurímac, sino actos de formalización de decisiones adoptadas por esta persona jurídica; que no han generado una afectación concreta a un bien jurídico constitucional”, dijo el legislador al exponer una de las conclusiones.

En su intervención, la congresista Milagros Jáuregui Martínez (RP) expresó su sorpresa porque el informe considera que la presentación incompleta de la Declaración Jurada de Intereses por parte de la denunciada es únicamente un requisito para el ejercicio del cargo; que no contraviene las funciones propias del mismo, ni constituye un hecho ilegal, por lo que no se configura el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales tipificado en el artículo 377 del Código Penal.

“Si se vota a favor de este informe estaríamos avalando que todos los familiares puedan ser contratados en otros sectores menos en su sector lo cual puede ser un despropósito. El mensaje que se está dando a los jóvenes es que no importan cuanto hayas estudiado o cuanto te esfuerces porque nada es más importante que ser familiar del funcionario público”, dijo la legisladora.
Por otro lado, anotó que Boluarte no sólo llamo al alcalde de Lima, sino que, también suscribió la documentación para gestionar una licencia para su club departamental.

“No creo que la denunciada merezca ser sancionada con 10 años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, quizás esa sanción es excesiva; pero, en definitiva, las irregularidades que se han demostrada a lo largo del proceso merecen una sanción gradual”, añadió.

DENUNCIAS IMPROCEDENTES

Fue aprobado, con 22 votos a favor, la propuesta de informe de calificación que recomienda declarar improcedente la Denuncia Constitucional nro. 208 formulada por el ciudadano Israel Jesús Moya Heredia, contra el presidente de la República Pedro Castillo Terrones, por la presunta infracción constitucional del artículo 118 y la probable comisión del delito de cohecho sancionado por el Código Penal.

De igual modo fue aprobada, con 18 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, la propuesta de informe de calificación que recomienda se declare improcedente la denuncia constitucional 226 formulada por la congresista Bettsy Chávez Chino, contra la congresista María del Carmen Alva Prieto por la presunta infracción constitucional de los artículos 102, 103, 112, 113, 114 y 117 y por presuntamente incurrir en las conductas tipificadas en los artículos 317.° y 349.° del Código Penal.

Finalmente, fue aprobada con 20 votos a favor, 1 abstención y 1 inhibición, la propuesta de informe de calificación que recomienda se declare improcedente la denuncia constitucional 292 formulada por el ciudadano señor Jesús Linares Cornej contra los miembros de la Comisión Especial para elegir a la Junta Nacional de Justicia compuesta por el exdefensor del Pueblo, Walter Camacho; el contralor general, Nelson Shack; la exfiscal de la Nación, Zoraida Avalos; y el ex presidente del Poder Judicial, José Lecaros.

Además, contra miembros de la Junta Nacional de Justicia: Aldo Vásquez, Imelda Tumialan, Henry Ávila, Luz Tello, Humberto de la haza, María Zavala, Guillermo Thomberry; la ex presidentas del Congreso, Lady Camones y Maricarmen Alva y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por la presunta comisión de los delitos de defraudación al tesoro público, fraude procesal agravado, prevaricato, colusión agravada, organización ilícita para delinquir, encubrimiento agravado del Código Penal.

REPROGRAMAN AUDIENCIAS

Fue reprogramada para el próximo lunes 12 a las 8 horas la audiencia relacionada con la DC 284 y 286 acumuladas, formuladas contra el congresista Fredy Díaz Monago por la presunta infracción constitucional de los artículos 38 y 39 (284); y 39, 1, 2 numeral 1, y 2 numeral 24 litera h (286).

Así también fue reprogramada para el mismo día, a partir de las 9 horas, la audiencia relacionada con la DC 240, formulada por la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, contra la ex congresista Luciana León; por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias (art. 400); organización criminal (art. 317); cohecho pasivo impropio (art. 394 segundo párrafo); y peculado doloso por apropiación (art. 387) del Código Penal.

Al inicio de la sesión la presidenta de la subcomisión informó que la congresista Noelia Herrera fue designada delegada de la DC 307 presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra del presidente Pedro Castillo Terrones, exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva y exministro de Vivienda, Geiner Alvarado.

OFICINA DE COMUNICACIONES