La Comisión Permanente del Congreso aprobó el archivamiento de diversas denuncias contra altos funcionarios del Estado, luego de evaluar los informes finales elaborados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que recomendaban su desistimiento al considerar que no se acreditaron los presupuestos normativos para continuar con los procedimientos correspondientes.

En primer término, aprobó, con 13 votos a favor, cero en contra y seis abstenciones, el informe final recaído en las Denuncias Constitucionales 482 y 506 (acumuladas), presentadas por el exfiscal de la Nación (i), Juan Carlos Villena Campana, contra la congresista Magaly Ruiz Rodríguez.

El informe final recomendó el archivamiento de ambas denuncias al no haberse acreditado responsabilidad respecto de los presuntos delitos de colusión agravada, tráfico de influencias agravado por la condición de funcionario público y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, previstos en los artículos 384, 400 y 399 del Código Penal, respectivamente.

Asimismo, aprobó el informe final que recomienda el archivamiento de la Denuncia Constitucional 520, interpuesta por el exfiscal de la Nación (i), Juan Carlos Villena Campana, contra Luis Alberto Otárola Peñaranda, en su actuación como presidente del Consejo de ministros, por la presunta comisión, en calidad de instigador, de los delitos de colusión simple y colusión agravada.

El informe concluyó que no se acreditó una vinculación directa, dolosa o constitutiva de infracción penal en sede parlamentaria, razón por la cual se recomendó el archivamiento de la denuncia.

De igual manera, con 16 votos a favor, cero en contra y cinco abstenciones, se aprobó archivar el informe final correspondiente a las Denuncias Constitucionales 393, 394, 408 y 489 (acumuladas), formuladas por los congresistas Jorge Montoya Manrique, José Cueto Aservi, Roberto Chiabra León y María del Carmen Alva Prieto, así como por el exfiscal de la Nación (i), Juan Carlos Villena Campana, contra el congresista Jorge Luis Flores Ancachi.

Tras la evaluación, el informe concluyó que no se acreditaron pruebas materiales que demostraran la comisión de los presuntos delitos de concusión, cohecho pasivo propio e impropio, omisión de denuncia, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad, ni la infracción de los deberes constitucionales atribuidos al parlamentario, por lo que se recomendó el archivamiento de las denuncias acumuladas.

Finalmente, la Comisión Permanente aprobó el informe final de la Denuncia Constitucional 206, interpuesta por la Asociación Civil por la Integridad y hecha suya por el congresista Héctor Ventura Ángel, contra el expresidente de la república José Pedro Castillo Terrones, los expresidentes del Consejo de ministros Guido Bellido Ugarte y Mirtha Esther Vásquez Chuquilín, así como el exministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke Ballvé, por presunta infracción a la Constitución Política del Perú.

El informe determinó que, del análisis de los Decretos de Urgencia 086-2021, 100-2021 y 105-2021, las medidas adoptadas se enmarcaron en las facultades constitucionales excepcionales conferidas al Poder Ejecutivo para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la emergencia sanitaria, sin evidenciar vulneración de los artículos 77, 80 y 118, incisos 8 y 19, de la Constitución Política del Perú. En consecuencia, se recomendó el archivamiento definitivo de la denuncia.

Finalmente, la Comisión Permanente aprobó, con 26 votos a favor, el informe final correspondiente a la Denuncia Constitucional 554, formulada por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, contra la congresista Lucinda Vásquez Vela, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado.

El informe final recomendó el archivamiento de la denuncia debido al fallecimiento de la denunciada durante el desarrollo del procedimiento de investigación parlamentaria, circunstancia que determina la imposibilidad de continuar con el proceso, conforme a las normas aplicables.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL