La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la congresista Lady Camones (APP), aprobó este viernes el informe final elaborado por la congresista Ana Zegarra (SP), el cual propone imponer la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por diez años al expresidente Pedro Castillo Terrones, a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino y al exministro del Interior, Willy Huerta Olivas, por su participación en el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

La votación concluyó con 10 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones. En el mismo debate, se decidió archivar las denuncias constitucionales contra el exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino, debido a que —según el informe— una resolución suprema determinó su no participación en los hechos investigados.

La presidenta de la subcomisión, Lady Camones, sostuvo que “este informe recoge la esencia de los hechos que todos los peruanos vivimos 7 de diciembre de 2022. No es una persecución política; el Congreso actuó conforme a la Constitución y garantizó la sucesión constitucional”.

En respuesta, el congresista Pasión Dávila (BS) manifestó su disconformidad. “No me convence ninguno de los acápites que se están acusando. Mi voto será en contra. Solo encuentro una venganza política”.

Por su parte, Jorge Montoya (HyD) afirmó que “estamos hablando de hechos comprobablemente definidos como golpe de Estado. No hay duda al respecto; debemos continuar con el proceso y seguir de acuerdo con la ley”.

FUNDAMENTOS DE LAS DENUNCIAS 547 Y 575

Las denuncias constitucionales N.° 547 –presentada por Alejandro Muñante (RP) y N.° 575 (por Alejandro Cavero (AP)– se sustentan en hechos relacionados al golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso, la instauración de un gobierno de emergencia y la reorganización del sistema de justicia, medidas que infringieron múltiples artículos de la Constitución Política del Perú.

Entre los antecedentes se menciona la presentación del Proyecto de Ley N.° 1840/2021-PE para convocar a una Asamblea Constituyente, la inmovilización social obligatoria del 5 de abril de 2022 en Lima y Callao, declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, y la cuestión de confianza planteada por el entonces premier Aníbal Torres.

Asimismo, se recuerda que el 7 de diciembre de 2022 el expresidente Castillo Terrones dio un mensaje a la nación en el que dispuso “disolver temporalmente el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”, lo que fue considerado un acto de ruptura del orden constitucional.

El informe de la congresista Ana Zegarra concluyó que se debe acusar a Castillo, Chávez y Huerta por infracción a diversos artículos constitucionales y proponer la inhabilitación por diez años, mientras que respecto al exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino, recomendó archivar la denuncia “por haberse probado su no participación en los hechos investigados”.

“Según se ha precisado, el denunciado obtuvo una resolución suprema que se pronuncia respecto a su no participación en los hechos investigados dentro de las denuncias constitucionales”, detalla el texto del informe final.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acordó también remitir el informe a la Comisión Permanente del Congreso, conforme al literal g) del artículo 89 del Reglamento, para continuar con el procedimiento correspondiente.

PROCEDENTES

Durante la misma sesión, la subcomisión declaró procedentes varias denuncias constitucionales tras su evaluación jurídica y documental.

Entre ellas, destaca la Denuncia Constitucional N.º 554, formulada por la entonces fiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela, contra la congresista Lucinda Vásquez Vela por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado, tipificado en el artículo 400 del Código Penal.

Según la denuncia, la legisladora habría ofrecido a postulantes al magisterio el acceso anticipado al contenido del examen de la Prueba Única Nacional, a cambio de pagos de aproximadamente tres mil soles por persona.

La subcomisión declaró procedente y admitió a trámite la denuncia con 10 votos a favor y 1 abstención.

Del mismo modo, se declaró procedente la Denuncia Constitucional N.º 658, formulada por el fiscal de la nación, Tomás Gálvez Villegas, contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y colusión simple y agravada, tipificados en los artículos 317 y 384 del Código Penal.

El informe obtuvo 10 votos a favor y 2 en contra, quedando admitido a trámite.

IMPROCEDENTES

Por otro lado, la subcomisión declaró improcedentes diversas denuncias constitucionales que no cumplían los requisitos de forma o de fondo exigidos por el Reglamento del Congreso.
Entre ellas figura la Denuncia Constitucional N.º 604, presentada por el congresista Elías Varas Meléndez contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por presunta infracción constitucional. La subcomisión concluyó que la denuncia no acredita hechos relacionados con infracción constitucional, aprobándose su improcedencia con 9 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención.

Asimismo, se declaró improcedente la Denuncia Constitucional N.º 656, formulada por el expresidente Pedro Castillo Terrones contra la congresista Lady Camones, por presunta infracción a los artículos 1, 2, 3, 31 y 102 de la Constitución. La subcomisión consideró que la acusación carecía de sustento y la rechazó con 8 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.

También fue improcedente la Denuncia Constitucional N.º 608, presentada por el congresista Álex Flores Ramírez contra los miembros de la JNJ, debido a que no cumplía con los criterios del artículo 89 del Reglamento. La improcedencia fue aprobada con 11 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.

La Denuncia Constitucional N.º 610, interpuesta por el ciudadano Jorge Luis Otoya Villalba, acusaba de “traición a la patria” a la expresidenta Dina Boluarte y a varios congresistas por la firma del Tratado del Mar, pero fue rechazada por falta de legitimación activa. Se aprobó la improcedencia con 10 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.

Del mismo modo, fueron declaradas improcedentes la Denuncia Constitucional N.º 611 (contra funcionarios del Poder Ejecutivo, con 12 votos a favor), Denuncia Constitucional N.º 647 (contra la Contraloría General, con 12 votos a favor) y Denuncia Constitucional N.º 649 (contra la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas Carranza, con 13 votos a favor).

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL