La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidida por la congresista María Acuña Peralta (APP), aprobó por unanimidad (14 votos), el informe de calificación que propone admitir a trámite, por procedente, tres denuncias acumuladas contra el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda.

Se trata de las Denuncias Constitucionales 460, 462 y 463, interpuestas por los congresistas Elías Varas Meléndez (JP-VP), Juan Burgos Oliveros (PP) y Jaime Quito Sarmiento (BS); la Denuncia Constitucional 461, que formaba parte de esta acumulación, propuesta por Margot Palacios Huamán (NoA), fue declarada improcedente por haber integrado, en su momento, esta Subcomisión.

A Otárola Peñaranda se le acusa “de haber influenciado, indebidamente, para facilitar la contratación de la señorita Yaziré Pinedo Vásquez, con quien tendría una relación cercana, en el Ministerio de Defensa y hacer uso de un vehículo oficial para asuntos personales”.

Por tanto, el informe de calificación determinó que hay lugar para iniciar investigación en los extremos referidos a la presunta infracción de diversos artículos de la Carta Magna, y la posible comisión de los delitos de colusión, peculado de uso, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias.

OTROS INFORMES

La SAC también aprobó tres informes de calificación adicionales: Primero, la Denuncia Constitucional 275, interpuesta por el ciudadano Jesús Zavaleta Mendoza contra el expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas y la fiscal suprema Martha Maisch Molina, por presunta infracción constitucional, y la posible comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

Se le acusa a Salas Arenas de no atender diversas peticiones de organizaciones políticas que tuvieron dificultades para inscribirse en las elecciones internas complementarias municipales y regionales del año 2022, debido a fallas en el sistema informático.

Se propuso admitir a trámite la denuncia por presunta infracción constitucional y por el delito de demora de actos funcionales en el caso de Salas Arenas e improcedente en el caso de la ex fiscal suprema, por no alcanzarle el privilegio del antejuicio político.

La propuesta fue aprobada con 12 votos a favor, cero votos en contra y 4 abstenciones.

Segundo, la Denuncia Constitucional 440, interpuesta por el congresista Luis Cordero Jon Tay (SP), contra el ex fiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena Campana, por presunta infracción constitucional.

Se propuso admitir a trámite por procedente la denuncia por la presunta infracción de los artículos 139 y 159 de la Constitución; e improcedente como presunto autor del delito de abuso de autoridad en agravio del Estado. Se aprobó con 14 votos a favor, cero votos en contra y 2 abstenciones.

Tercero, se declaró improcedente la Denuncia Constitucional 495, contra los ex miembros de la Junta Nacional de Justicia: Imelda Tumialán Pinto, Aldo Vásquez Ríos, Henry Ávila Herrera, Inés Tello Ñecco, Antonio de La Haza Barrantes, María Zavala Valladares y Guillermo Thornberry Villarán.

Se determinó que la denuncia carece de uno de los presupuestos exigidos en el literal c del artículo 89 del Reglamento del Congreso, que señala que las denuncias deben referirse a hechos que constituyan infracción a la Constitución, y a delitos de función previstos en la legislación penal. El informe fue aprobado por unanimidad: 14 votos.

DELEGACIONES

En otro punto de agenda, la presidenta de la Subcomisión propuso a cuatro congresistas delegados para igual número de denuncias constitucionales.

Para la Denuncia Constitucional 172 (antes 146) y 173 (antes 148), acumuladas, contra el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por presunta infracción constitucional, se delegó al congresista Jorge Montoya Manrique (HyD).

Para la Denuncia Constitucional 403, contra el expresidente de la república, Pedro Castillo Terrones y el exministro de Defensa, Walter Ayala Gonzales, por presunta comisión de los delitos de organización criminal, abuso de autoridad, cohecho activo genérico, tráfico de influencias agravado, se delegó a la parlamentaria María Jáuregui Martínez de Aguayo (RP).

Para la Denuncia Constitucional 426, contra la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, por supuesta infracción constitucional y por presunta comisión de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias, se delegó al congresista Esdras Medina Minaya (RP).

Para la Denuncia Constitucional 512, contra el expresidente de la república, Martín Vizcarra Cornejo, por presunta infracción constitucional y la posible comisión de los delitos de falsedad ideológica y falsedad genérica, se delegó a la parlamentaria Patricia Chirinos Venegas (RP).

De acuerdo con las respectivas solicitudes, la congresista Acuña Peralta propuso, y se aceptó, otorgar un plazo adicional de cinco días hábiles para presentar sus informes finales a los congresistas Jorge Coayla Juárez (JP-VP), Martha Moyano Delgado (FP) y Flavio Cruz Mamani (PL), sobre sendas denuncias constitucionales.

 OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL