La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República -que preside Edwin Donayre (APP)- acentuó su rol de control político y fiscalización en la primera legislatura ordinaria 2017-2018 y descubrió que de los 18 ministerios del Poder Ejecutivo, solamente el Ministerio de Trabajo y Promoción Social cumple con la ley que fija una cuota obligatoria al sector público para que las personas con discapacidad se inserten en el mundo laboral.

Y, al fiscalizar cuántas municipalidades provinciales y gobiernos regionales contratan a personas con discapacidad -equivalente a no menos del 5% de sus respectivas planillas de trabajadores- la Comisión de Inclusión Social detectó que menos del tercio de estas administraciones se sujetan a la Ley 29973.

Así, de 196 municipalidades provinciales que fueron fiscalizadas, se acreditó que 30 cumplen con la cuota de empleo y respecto a los 25 gobiernos regionales, solamente cuatro acatan que las personas con discapacidad puedan acceder a un puesto de trabajo en sus respectivas administraciones.

Tales son algunas de las novedades del balance de actividades que hoy presentó la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad correspondiente a los meses de julio 2017 a diciembre del 2017.

El informe señala que en ese período fueron convocados tres ministros de Estado a ese grupo de trabajo para rendir cuentas sobre resultados de sus respectivas políticas sectoriales: la titular de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana Aljovín; de Educación, Marilú Martens Cortés; de Trabajo, Alfonso Grados Carraro.

También se presentaron las autoridades de la Comisión Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, de la Contraloría General de la República, de  la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) y el viceministro de Vivienda para que den cuenta  sobre  los resultados de los programas sociales, sus respectivas auditorías y el avance de la implementación del Plan Nacional de Accesibilidad, respectivamente.

En materia legislativa, la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad consiguió la promulgación de dos leyes: aquella que declara de necesidad pública la promoción y masificación de tecnologías de apoyo, dispositivos y ayuda compensatoria para personas con discapacidad y, la de promoción de los derechos de las personas de talla baja para incluirlos en los planes, proyectos y programas que el Estado planifica y ejecuta.

Fueron aprobados por unanimidad los siguientes dictámenes y, por lo tanto, están listos para debatirse y votarse en la sesión del pleno del Congreso: aquel que declara el 17 de octubre como el Día Nacional para la Erradicación de la Pobreza; el que promociona la participación plena de las personas con discapacidad en la educación superior universitaria; el que promueve a los comedores populares como unidades productivas y, el que incorpora la anchoveta -sea en forma natural o procesada- en la lista de productos alimenticios a cargo de entidades  estatales. (JSR)

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PRENSA-CONGRESO   10-1-18

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