Congresistas de diversas bancadas demandaron al Ministerio de Educación garantizar el acceso a internet y equipos tecnológicos para estudiantes y maestros de las zonas rurales e indígenas de nuestro país como un derecho universal permanente.

El planteamiento se hizo el miércoles 5 durante la sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside el congresista Simón Maquera Chávez (UPP). A dicha sesión asistió el titular del Minedu, Ricardo Cuenca Pareja, quien expuso sobre las acciones a adoptar frente al supuesto retraso en la entrega de tablets a escolares, revelado por la Contraloría General de República, así como la falta de alcance de cobertura de los contenidos de Aprendo en Casa a estudiantes de zonas rurales e indígenas, transmitidas por televisión y radio nacional.

El congresista Fernando Meléndez Celis (APP) consideró necesario mejorar la diversificación de la educación intercultural bilingüe para que las comunidades indígenas, como las que tiene Loreto, puedan tener éxito.

Aseveró que es importante que desde el Minedu se haga una medición a los resultados a mitad de año a fin de que se pueda analizar el plan piloto que se viene ejecutando en esas zonas del país, pues no se trata de instalar una tablet, sin que no se hayan medido resultados.

Señaló que muchas de los pueblos indígenas como el Chagui en el distrito de Balsapuerto en Loreto y 119 comunidades solo cuentan con energía eléctrica entre una a dos horas diarias.

“No basta que se les difunda los programas radiales cuando no se tiene acceso a luz eléctrica y carecen de otros servicios, es importante el empoderamiento de los líderes; por eso, es conveniente hacer una alianza-convenio con el ministerio de Cultura y las federaciones indígenas. Hay que poner a la educación en un contexto, porque no basta el trabajo desde el Minedu. El año pasado la educación ha sido una estafa, los programas del expresidente vacado terminaron siendo un fracaso, le mintió al país y a todos los peruanos”, expresó.

En el mismo sentido, el legislador Jesús Arapa Roque (NC) lamentó que haya una desigualdad en la educación y en el acceso a la información, debido a la falta de una adecuada conexión a internet en las zonas más alejadas del país.

Expresó que en la IE Unicachi, ubicada en la provincia de Islay, en Puno, se han registrado serios problemas de conexión de las tablets, toda vez que en el lugar no hay señal de internet, por lo que los alumnos tienen escuchar las clases por radio local.

“En esa institución estudian alrededor de 40 alumnos, de ellos 38 han recibido tablets y 30 tienen problemas de cobertura. No tiene ningún sentido entregar a los alumnos tablets sin internet”, sostuvo.

A su turno, el legislador Marco Pichilingue Gómez (FP) consideró como un fracaso la educación que el año pasado se ha brindado a los estudiantes por la demora en la entrega de tablets.

“Se engañó a toda la población, la educación el año pasado fue un fracaso, la primera etapa de la adquisición de las tablets fue un engaño a todo el país. Por tanto, no hay mucho que analizar para darnos cuenta del fracaso de la capacitación a los niños de un año perdido”, indicó.

En razón a ello, instó a que desde el Minedu se informe cómo fue el reparto para cada región, cómo fue beneficiada cada una de ellas en este paquete inicial y las que se están por adquirir con el fin de hacer un análisis. Además, consideró que es necesario evaluar si es que los estudiantes se están capacitando y adquiriendo conocimiento.

Asimismo, cuestionó que dentro del programa de reparto establecido por el Minedu no se haya considerado a la región Callao, por lo que desde el gobierno regional se tuvo que hacer la gestión para que sea considerado en su data.

APORTE DEL MINEDU
Por su parte, Cuenca Pareja manifestó que la entrega de tablets forma parte de una estrategia que el Minedu diseñó a principios del año pasado que se denominó cierre de brecha digital; ello con la finalidad de que los estudiantes del 4.° al 6.° de primaria y de 1.° a 5.° de secundaria de las zonas rurales del país sean los beneficiados.
Además, expresó que el cierre de brechas viene acompañado de una efectiva estrategia diferenciada en el Perú, toda vez que el 45 % de los hogares cuentan con internet y el 75 % de población de las zonas rurales no tienen acceso a ella.

“Nos enfrentamos a una situación de conectividad en el que el sector educación, así como otros sectores somos víctimas de esta situación de falta de conectividad en el país. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha hecho todos los esfuerzos para acelerar los procesos, de hecho, se aprobó hace unos meses el poder contar con 1000 nuevas escuelas con conexión a internet del ministerio de transporte y 6500 plazas públicas con wifi, lo que nos ayudará llegar a más estudiantes y docentes en el país”, indicó.

Agregó que se dieron estrategias de cierre de brechas digitales para la zona de conectividad, inclusive hay contratos sobre planes de datos 3G y 4G, algunos de ellos administrados directamente por el Minedu y otros por el MTC.

“Estos planes de datos fueron alrededor de medio millón de planes de datos para la fase 1, se hicieron con todos los operadores que existen en el país y estuvieron dirigidos a los docentes para hacerlo más rápido. El año pasado se incorporó la estrategia de contratar recargas para los teléfonos en la que los propios docentes ya tenían, es por eso que están siendo atendido con los cuatro operadores”, subrayó.

ACUERDOS
La Comisión de Fiscalización aprobó, por unanimidad (14 votos), el dictamen por el que se propone una Ley que crea el Registro para el Control de Contratos de Consultorías del Estado y su finalidad es impulsar la transparencia y la rendición de cuentas en las entidades públicas.

La presente ley es aplicable a todas las entidades sujetas a control por el Sistema Nacional de Control, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

Respecto a la implementación, se dispone que la Contraloría General de la República, en un plazo no mayor de 30 (treinta) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la vigencia de la presente ley, pone a disposición de las entidades a que se refiere el segundo párrafo del artículo 1, de la presente Ley, el Registro para el Control de Contratos de Consultoría del Estado; y, en el mismo plazo antes indicado, por resolución de su titular, emite las disposiciones normativas necesarias para la implementación de la presente Ley.

También, aprobó, por unanimidad (13 votos), la Ley que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional, establece medidas para el fortalecimiento de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República y restituye la independencia técnica y funcional del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas.

Asimismo, aprobó, por unanimidad (14 votos), el informe final del Grupo de trabajo encargado de fiscalizar los procesos de contratación de bienes y servicios en el Gobierno Regional de Ucayali.

En otro momento, aprobó, por unanimidad (15 votos), la conformación de un grupo de trabajo encargado de investigar las presuntas irregularidades en el Banco de la Nación. El pedido lo hizo el legislador Ricardo Burga Chuquipiondo (AP) para que se investigue las presuntas irregularidades que se puedan estar dando en la implementación del modelo electrónico y la cuenta de DNI.
Expuso que es importante que se pueda invitar a los diversos grupos de sindicatos para que puedan sustentar sus denuncias que se vienen haciendo de forma extraoficial, así como algunos despidos indebidos en esa institución.

El grupo será presidido por el legislador Burga Chuquipiondo (AP) y lo acompañarán los parlamentarios Fernando Meléndez Celis (APP) y Marco Antonio Pichilingue Gómez (FP).

ELECTRO ORIENTE
El congresista Fernando Meléndez Celis (AP) solicitó la conformación de un grupo de trabajo encargado de investigar por un plazo de 60 días las presuntas irregularidades a la empresa eléctrica Electro Oriente. La propuesta fue aprobada por unanimidad (16 votos) y estará conformado por los congresistas Meléndez Celis, Carolina Lizárraga Houghton (PM) y Ricardo Burga (AP).

Meléndez explicó que el Estado peruano a través del Ministerio de Energía y Minas hizo un contrato lesivo contra los intereses de la empresa eléctrica Electro Oriente a través de un contrato privado para que la empresa Genrent sea la que produzca y suministre la electricidad en la ciudad de Iquitos, lo que perjudica económicamente al Estado peruano, porque la empresa eléctrica dejó de proveer y de abastecer la energía para que un privado pase a ser la administradora.

CITARÁN A MINISTRO DE SALUD
La Comisión de Fiscalización aprobó, por unanimidad (16 votos), citar para una próxima sesión al ministro de Salud Óscar Ugarte Ubilluz para que informe sobre el contrato con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) respecto a la construcción e implementación de las plantas de oxígeno que serían instaladas en hospitales y centros médicos de las regiones para atender a pacientes con coronavirus.

CASO RICHARD SWING
La Comisión aprobó, por unanimidad, dirigir una solicitud de pedido a la presidenta a. i. del Congreso, Mirtha Vásquez, para que el informe final del caso “Richard Swing” sea visto en la sesión del Pleno del viernes 7 de mayo. El pedido fue solicitado por el congresista Ricardo Burga Chuquipiondo (AP).

A su turno, el legislador Fernando Meléndez se aunó al pedido de su colega. Indicó que es importante que la comisión cierre este capítulo vergonzoso para nuestro país. “Ha sido un trabajo arduo, hay que hacer prevalecer la defensa de esta comisión que es importante en la lucha contra la corrupción”, puntualizó.

OFICINA DE COMUNICACIONES