Según la Defensoría del Pueblo

Se registraron más de 18 mil casos de violencia contra estudiantes

Centro de Noticias del Congreso

17 Ene 2020 | 11:50 h

Se discutió el informe preliminar del Decreto de Urgencia 019-2019

El próximo lunes 20 se votará el informe de evaluación del Decreto de Urgencia 019-2019, que modifica la Ley 29988, que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas, implicado en delitos de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas.

Así lo adelantó la coordinadora Lisbeth Robles quien recibió las propuestas planteadas por sus colegas Indira Huilca y Milagros Salazar en el debate realizado este jueves 16.

Las parlamentarias se pronunciaron a favor de salvaguardar la seguridad e integridad de los estudiantes para garantizar su formación y desarrollo de capacidades y competencias. Ello ante una realidad que nos señala que, desde el 15 de septiembre de 2013 al 31 de diciembre de 2019, se registraron 18 mil 560 casos de violencia contra estudiantes, según la Defensoría del Pueblo.

El dispositivo legal también crea el registro de personas condenadas o procesadas por delitos de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas y modifica los artículos 36 y 38 del Código Penal.

INFORME

El informe preliminar concluye que el dispositivo legal es una medida legislativa concordante con la obligación del Estado de garantizar una educación en derechos humanos.

Además, la norma busca brindar protección a este sector poblacional en situación de vulnerabilidad, a través de un servicio educativo que cautele la integridad física, psicológica y moral de los educandos.

Sin embargo, la congresista Indira Huilca advirtió que hay vacíos y que es importante regular aspectos como algunos delitos, que no se incluyeron en el listado que contempla el decreto, como el de exhibiciones y publicaciones obscenas y publicación en medios de comunicación sobre delitos de libertad sexual contra niños niñas y adolescentes. “Estaba en la anterior norma, no se incluyó en el Decreto de Urgencia y eran materia de inhabilitación permanente”, subrayó la legisladora.

Huilca observó la necesidad de afinar los criterios para que la denuncia sirva para aplicar la medida de separación temporal. “Hay situaciones en las que una solo denuncia no basta y en otros casos las denuncias deben estar mediadas de decisión jurídica y esto es ir al otro extremo”, dijo.

Sobre el registro de personas condenadas o procesadas, la congresista Milagros Salazar recomendó que este sea permanente, actualizado y que no se elimine cuando se hayan cumplido las sentencias. Para cerrar el círculo de protección a los estudiantes, propuso que se incluya a las autoridades y a altos funcionarios con denuncias por los delitos contempladas en el Decreto de Urgencia para que sean separados y no sólo los docentes.

CENTRO DE NOTICIAS
PRENSA-CONGRESO 16-01-2020

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