En forma unánime, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República decidió inhibirse sobre la propuesta que plantea la Ley que excluye a las grandes empresas de los subsidios, exoneraciones, ampliaciones y demás medidas de apoyo económico emitidas por el Gobierno en el estado de emergencia por COVID-19.

La iniciativa, de autoría del congresista Richard Rubio Gariza (Frepap), plantea excluir de las medidas económicas emitidas por el Gobierno, como subsidios, exoneraciones tributarias, ampliaciones, aplicación de la suspensión perfecta y otras medidas al sector empresarial.

Empero la comisión decidió inhibirse por considerar que ésta debe ser estudiada en por un grupo de parlamentarios especializados como la Comisión de Economía. La aprobación fue unánime.

SUSTENTACIÓN

Para mejorar las condiciones laborales de los docentes contratados de la educación superior pública no universitaria proponen que se disponga su nombramiento excepcional, ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.

En efecto, el autor de la iniciativa, Luis Dioses Guzmán (SP), sustentó su propuesta ante ese grupo de trabajo legislativo, que es encabezado por el congresista Walter Benavides Gavidia (APP).

El legislador sostuvo que la Ley N.° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus docentes establecen los procedimientos para el ingreso a la carrera pública.
Sostuvo que su propuesta tiene la finalidad de solucionar uno de los problemas más álgidos de la problemática de la educación superior no universitaria en nuestro país, que es la precariedad de la situación laboral de sus docentes.

Aseveró que la situación se agrava progresivamente, pues no se convoca concursos para nombramientos desde el 2002, hace 18 años, y cada año cesan más más docentes nombrados, principalmente por límite de edad, cuyas plazas son cubiertas solo por contrato.

Por su parte, el legislador Julio Condori Flores (APP), autor del Proyecto de Ley 7110/2020-CR, Ley que establece el pago de las nuevas pensiones derivadas de la última remuneración homologada y actualizadas en el 2004 a los docentes pensionistas de las universidades públicas del país, a partir del presente ejercicio fiscal 2021.

La congresista Angélica Palomino Saavedra (PM) sustentó la propuesta de incorporar una disposición complementaria final a la Ley 30130, Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la prioritaria ejecución de la modernización de la refinería de Talara para asegurar la preservación de la calidad del aire y la salud pública y adopta medidas para fortalecer el gobierno corporativo de petróleos del Perú-Petroperú S.A

FISCAL DE LA NACIÓN

A la sesión fue invitada la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, para que informe respecto a la ejecución presupuestal al cierre del ejercicio 2020, y sobre el Presupuesto Institucional de Apertura 2021 de la entidad a su cargo.

Señaló que en la actualidad esa institución cuenta con 2377 despachos fiscales, 7744 fiscales distribuidos en los 34 distritos fiscales distribuidos en el territorio. Adicionalmente tienen 998 pensionistas a nivel nacional.

Además, indicó que esta cifra se incrementará por la implementación del Código Procesal en Lima Centro y Lima Sur.
Asimismo, señaló que cuenta con 18 234 trabajadores administrativos de los regímenes laborales 276, 728 y CAS y que
sumado son en total 25 998 trabajadores activos.

Refirió que el presupuesto solicitado para el 2020 fue 8 mil 681 millones 80 mil soles y que solo se les asignó la suma de 2 mil 520 millones con 70 mil soles, es decir, solo el 29 % de lo solicitado.

Debido a la pandemia, el trabajo se desarrolló de manera atípica, pero que no abdicaron en sus funciones, pese a que los fiscales no han sido vacunados. Asimismo, lograron ejecutar el 96,7 % del presupuesto asignado.

Para el 2021, indicó que el presupuesto solicitado ascendió a 8 mil 827 millones de soles, pero que les otorgaron 2 mil 582 millones 14 mil soles, es decir, menos de la tercera parte de lo solicitado.

“Existe una brecha por cerrar de 6 mil 245 millones, que afectan varios rubros, como implementación de cámaras Gessel, búsqueda de personas desaparecidas, para el fortalecimiento de medicina legal y ciencias forenses, implementación de morgues y otros”, anotó.

Indicó que, además, para atender las necesidades del personal administrativo les queda muy poco presupuesto, el mismo que asciende a 1711 millones de soles. Para gastos de capital, adquisición de computadoras escáner y otros, solo les queda el 5 %.

“Seguimos avanzando para poder cumplir con nuestras obligaciones como Ministerio Público”, anotó Ávalos Rivera, quien participó acompañada del gerente general de la institución, Julio Piscoya Ramos.
Ante algunas preguntas de los congresistas, Avalos Rivera afirmó que en el 2021 se han llevado a cabo 44 allanamientos, 52 incautaciones, 2 megaoperativos y 39 operativos. A la fecha indicó que tienen 173 sentencias condenatorias por corrupción, y por tráfico de drogas 632 sentencias condenatorias y 2000 kilos de drogas incautadas, entre otros

De otro lado, la Comisión de Presupuesto también decidió inhibirse -por no corresponderle- sobre el predictamen recaído en el Proyecto de Ley 6241/2020-CR, Ley que promueve la inserción laboral y el empleo de jóvenes profesionales, técnicos y universitarios, titulados y bachilleres, dentro de las entidades públicas.

Lo mismo ocurrió con el predictamen que contiene iniciativas que modifican la normatividad presupuestal y otras disposiciones, por considerar, entre otros motivos, que están fuera de vigencia para legislar.

OFICINA DE COMUNICACIONES