Trujillo.- Como parte de su labor de fiscalización y de acercamiento del Parlamento a la ciudadanía, el Congreso de la República, a través de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, presidida por la senadora Katherine Ampuero (Renovación Popular), realizó su cuarta sesión ordinaria y primera audiencia pública descentralizada en la región La Libertad, con el propósito de evaluar la respuesta del Estado frente a la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada.

La jornada se desarrolló en el auditorio de la Universidad Nacional de Trujillo y reunió a autoridades regionales y locales, representantes del sistema de justicia, mandos policiales y funcionarios del Poder Ejecutivo, quienes expusieron las principales dificultades y necesidades institucionales para enfrentar delitos como la extorsión, el sicariato y otras modalidades delictivas que afectan a la población.

La presencia del Congreso en La Libertad permitió escuchar directamente a las autoridades y a la ciudadanía, identificar las brechas que limitan la capacidad de respuesta del Estado y recoger información relevante para fortalecer el trabajo de fiscalización parlamentaria.

La presidenta de la comisión alertó sobre la crisis del sistema penitenciario y el aumento del sicariato y el crimen organizado en Trujillo. Además, señaló que, tras la aprobación de las facultades legislativas en seguridad y frente al Fenómeno El Niño, el Ejecutivo ya tiene las herramientas legales necesarias para dar soluciones y resultados concretos a la población.

“Estamos en esta ciudad porque registra los índices más altos de inseguridad. Buscamos dar herramientas legales desde el Congreso a los operadores de justicia para garantizar una acción rápida y eficaz, y combatir el crimen organizado protegiendo a los ciudadanos. Por ello, venimos a escuchar de cerca las propuestas de las autoridades y la sociedad civil de Trujillo”, manifestó.

CONGRESO ESCUCHA A LA CIUDADANÍA Y A LAS AUTORIDADES

Durante la audiencia pública, los ciudadanos expresaron su preocupación por los constantes hechos delictivos que afectan a la región, particularmente a transportistas, comerciantes, empresarios y familias.

Ante esta situación, la comisión abordó las acciones ejecutadas por el Gobierno Regional de La Libertad para combatir la inseguridad, las medidas preventivas de los gobiernos locales y la capacidad operativa del serenazgo y de los sistemas de videovigilancia.

Asimismo, se examinó la respuesta de las instituciones responsables de investigar y perseguir penalmente delitos como el sicariato, la extorsión y la corrupción, además de la problemática vinculada con la criminalidad organizada en el establecimiento penitenciario El Milagro.

Estos temas forman parte de una agenda que exige coordinación entre los distintos niveles de gobierno y las instituciones del sistema de justicia, así como mecanismos de seguimiento que permitan evaluar los resultados de las acciones adoptadas.

FISCALIZACIÓN A LAS BRECHAS DEL SISTEMA DE JUSTICIA

Uno de los puntos más relevantes de la audiencia fue la exposición de la fiscal superior Jennifer Ludeña, representante del Ministerio Público en La Libertad, quien advirtió sobre las limitaciones de personal especializado, recursos fiscales y apoyo administrativo para atender la elevada carga procesal de la región.

Entre las dificultades expuestas, se señaló que la disponibilidad de peritos resulta insuficiente para responder a las necesidades de investigación, con el reporte de que un solo perito civil atendería los requerimientos de toda La Libertad.

También se puso de manifiesto la necesidad de fortalecer las fiscalías, incluida la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, cuya labor resulta fundamental para investigar delitos relacionados con la minería ilegal y otras afectaciones al medio ambiente.

La representante del Ministerio Público destacó la importancia de contar con un presupuesto sostenido a mediano y largo plazo, que permita incorporar personal, fortalecer las capacidades técnicas y mejorar la respuesta frente a las organizaciones criminales.

La información recogida durante esta audiencia constituye un insumo relevante para la labor parlamentaria al visibilizar las necesidades de las instituciones encargadas de investigar los delitos y administrar justicia.

LUCHA CONTRA LA EXTORSIÓN Y EL CRIMEN ORGANIZADO

La comisión también puso en agenda la necesidad de reforzar la articulación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los gobiernos locales y los sectores del Ejecutivo competentes en seguridad y defensa.

En ese marco, se abordaron las capacidades de prevención y vigilancia, el intercambio de información, el fortalecimiento de las investigaciones criminales y el control de las actividades delictivas que podrían desarrollarse desde los establecimientos penitenciarios.

La situación del penal El Milagro mereció especial atención debido a la preocupación por las posibles conexiones entre estructuras criminales y delitos cometidos fuera de los recintos penitenciarios. El fortalecimiento de los controles y de la inteligencia penitenciaria resulta fundamental para impedir que estos espacios sean utilizados para coordinar actividades ilícitas.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL