Al no alcanzarse los 50 votos necesarios para su aprobación, se archivó el proyecto de resolución legislativa que declara haber lugar a la formación de causa contra el excontralor, Edgar Alarcón Tejada, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso por apropiación agravada, tipificado en el artículo 387 del Código Penal.

El informe final de la denuncia constitucional 142 (antes 372) que concluía en acusar al excontralor obtuvo 47 votos a favor, 35 abstenciones y ningún voto en contra.

A ese acuerdo se llegó en la sesión vespertina del Pleno del Congreso que se realizó el miércoles 25, dirigida por su presidenta, Maricarmen Alva Prieto.

Antes de esta decisión de la asamblea legislativa correspondió a la congresista Rosio Torres Salinas (APP), en su condición de presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, exponer ante la Representación Nacional los alcances de la denuncia que fue presentada por la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera.

Edgard Alarcón fue denunciado por haber autorizado, en su condición de gerente central de operaciones, gerente de auditoria especializada, vicecontralor y contralor general de la República, diversos pagos por servicios no prestados a la Contraloría con cargo a los fondos de caja chica central de dicha institución por 32,417.39 soles y mediante la emisión de comprobantes de pago por 458, 460.56 ocasionando con su accionar un perjuicio económico a la Contraloría por 490, 877.95 soles.

Al ejercer el derecho a su defensa el excontralor aseguró que solo existen dos recibos visados por él y que en conjunto suman ocho mil soles, y afirmó que las denuncias en contra suya es otra venganza más por su constante lucha contra la corrupción de actos ocurridos durante el gobierno presidido por Martín Vizcarra Cornejo (Gasoducto del Sur, los Juegos Panamericanos, compra de patrulleros y ambulancias).

«He visto a los ojos la corrupción y por luchar por la corrupción me sacaron del cargo y de la institución en la cual trabaje 20 años”, señaló.
Concluida la defensa del excontralor y luego que este se retirara del hemiciclo, se dio inicio al debate multipartidario con la participación del congresista Edwin Martínez Talavera (AP) quien dijo que la denuncia constitucional debe proceder «para no quedar en suspicacias y conocer la verdad y si (Alarcón) no es culpable de nada, saldrá con la frente en alto a decir que fue acusado injustamente”, señaló.

Por su parte la parlamentaria Gladys Echaiz (APP) observó el informe final, «porque en el dictamen no se precisa cual fue la condición del señor (Alarcón): si fue el encargado de la percepción de estos recursos, si fue el administrador o perceptor. Dice que se apropia, el que se apropia es para sí y el informe dice que en los recibos se pagó a terceros, entonces hay una contradicción ¿se apropia para terceros?”, preguntó la legisladora antes de someterse a votación el informe.

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