El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides, reiteró de manera enfática que no apoya ninguna actividad ilegal en el país y que, por el contrario, su accionar siempre ha estado dirigido a apoyar a la minería responsable, que pague impuestos y que contribuya al país.

“Yo apoyo a la formalización minera”, aseguró el titular del Parlamento durante una conferencia de prensa, en la sala Héroes de la Democracia, en la que explicó su trayectoria, sus proyectos de ley y sus conductas, las cuales están ceñidas -dijo- a la legalidad y en defensa de los intereses de su región Madre de Dios y del país.

Durante la rueda de prensa, Salhuana dijo que el Estado debe combatir con toda firmeza que la ley le otorga a todos los actos ilegales que se practiquen en el país.
Agregó que la pequeña minería es un sector económico importante que abarca un universo no menor de 300 mil personas en todo el país. Detalló que esta actividad se da en más de 20 departamentos, y que lamentablemente es un sector incomprendido.

“Lo que tenemos que hacer es incorporarlos a la legalidad, capacitarlos, apoyarlos con tecnología moderna para que cumplan normas ambientales y tributarias que contribuyan al desarrollo nacional”, comentó Salhuana.

SUS PROYECTOS DE LEY

En otro momento, Salhuana Cavides dio cuenta que presentó seis proyectos de ley de los cuales, dos ya son leyes, y el resto está en trámite. Aclaró que todas esas propuestas legales han tenido opiniones favorables de las entidades competentes y de los sectores de la sociedad civil consultados.

Detalló que una de ellas es la Ley 31388 que prorroga la vigencia de la formalización minera hasta el 31 de diciembre de 2024. Explicó que esa norma fue necesaria porque hasta diciembre de 2021, de 90 mil mineros inscritos como pequeños mineros en el REINFO, solo se habían formalizado 300 .

“Es decir, más de 89 mil ciudadanos pasarían de informales a ilegales. Eso iba a generar una gran convulsión social”, explicó.

La otra ley es la Ley 31746 que otorga facultad a inscritos en REINFO para vender su producción a compradores legales garantizando trazabilidad del oro.

“Estamos promoviendo que la actividad se convierta en legal”, refirió.

Las otras iniciativas son el PL 2715/2021-CR que propone la ley que permite el uso de maquinaria incautada en favor de gobiernos regionales y municipales para obras públicas; el PL 3377/2022-CR que establece el régimen de otorgamiento de concesiones en las zonas permitidas de Madre de Dios, y el PL 6903/2023-CR que plantea la ley que promueve la adquisición de oro proveniente de la minería a pequeña escala a través del Banco Central de Reserva del Perú.

También el PL 7287/2023-CR que derogó la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1607, por inconstitucional.

FALSA INFORMACIÓN

Seguidamente, el presidente del Congreso lamentó la falsa información que se ha venido difundiendo en algunos medios de comunicación y que buscarían vincularlo con la minería ilegal. En ese sentido, hizo una exhortación a los periodistas a regirse bajo los lineamientos éticos que la profesión exige a fin de que no generen confusión en la población.

Dijo que los ciudadanos mencionados, como la familia Baca Casas, en diversas notas periodísticas son titulares de concesiones mineras y con formalización concluida. Además, señaló que la Fedemin es una organización legal que representa a los mineros en proceso de formalización.

También criticó que algunos “especialistas en el tema” mezclen los conceptos de minera ilegal e informal, desinformando a la opinión pública.

“Señalan que está prohibida la minería en Madre de Dios. Eso es totalmente falso”, afirmó.

De igual forma, Salhuana desmintió que tenga procesos abiertos en la Comisión de Ética Parlamentaria, y aclaró que varias carpetas fiscales en su contra han sido archivadas por carecer de fundamento.

“Son denuncias personales, de rivales políticos”, anotó.

En la rueda de preguntas, el titular del Congreso fue consultado por las visitas que recibió en su despacho y que una de ellas pertenecería a una organización que fue suspendida por el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Al respecto, Salhuana Cavides señaló que las visitas a todos los espacios del Congreso pasan por una revisión exhaustiva. “La persona que tiene orden de captura o tiene requisitoria, es detenida inmediatamente”, aseguró.

Dijo que en lo que va de su gestión (3 años) ha recibido a más de 2500 personas, y que muchos de ellos son ciudadanos que le han pedido apoyo para acceder a determinados eventos al interior del Parlamento.

“Aquí se hacen seminarios, encuentros y debates. Se utiliza la sala Porras Barrenechea y otras salas para discutir, y de seguro han llegado personas para analizar los temas del proceso de formalización. Como congresista de una región que además tiene un gran sector minero no me puedo negar a que ingresen al Parlamento”, sostuvo.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL