Revisan decretos legislativos que afectarían a población indígena

Centro de Noticias del Congreso

24 Ene 2017 | 10:24 h

Con el propósito de contribuir a la protección de los pueblos indígenas de nuestro país, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, llevó a cabo una reunión de trabajo el martes 24 con el fin de revisar y analizar aquellos decretos legislativos que pudieran afectar a la población indígena.

 Al respecto, el Ejecutivo promulgó los decretos legislativos 1283 y 1293. El primero establece medidas de simplificación administrativa en los trámites previstos ya en la Ley Forestal y de Fauna; y el segundo la formalización de la actividad minera (pequeña minería e informal).

Dentro de los análisis de la comisión y de los asistentes a la reunión, se puso énfasis en el artículo 2 del decreto legislativo 1292, que señala que “dentro de las inversiones podrá incluirse un plan de desarrollo social que contribuya al desarrollo sostenible de las comunidades -por donde pasa el Oleoducto Norperuano- y la prevención del medio ambiente en el área de influencia del mismo”.

El octavo artículo del mismo decreto señala que Petroperú podrá realizar las acciones que resulten necesarias para adquirir los terrenos para el desarrollo de sus operaciones y en forma especial y aquellos que sean necesarios para el proyecto de modernización de la Refinería de Talara y del Oleoducto Norperuano.

Dispone que se podrá celebrar contratos de compra venta, permuta, cesión de uso similares con los propietarios y/o titulares de los terrenos, pagando las contraprestaciones que se acuerden en dichas negociaciones.

La reunión estuvo integrada por asesores de los congresistas miembros de la comisión y por representantes de asociaciones y organizaciones indígenas nacionales para recabar aportes y estudiar propuestas de modificación si alguna de ellas vulnera las poblaciones o el medio ambiente en el que viven.

En la reunión se acordó seguir analizando al detalle cada artículo de los decretos a fin de evitar posibles abusos contra las comunidades y conflictos sociales  que podrían vulnerar sus derechos.

Finalmente, coincidieron en que la derogación de las normas deben estar de acuerdo a las necesidades de la población y que contribuyan a su buen desarrollo responsable y sostenible evitando todo tipo de aspectos lesivos al medio ambiente. (MRM)

PRENSA CONGRESO

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