Un capitán PNP responsable y siete policías implicados en el caso de una presunta red de pornografía infantil, es el resultado de las pericias policiales realizadas por la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, informó ante la Comisión Mujer y Familia, el viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Víctor Rucoba Tello.

El funcionario indicó ante el grupo de trabajo que preside la congresista Tania Pariona (NP), que de la investigación realizada se encontró responsabilidad en el capitán Jorge Romero Canales, quién por WhatsApp publicó unos vídeos, entre ellos uno de pornografía y de abuso a menores.

Se consideró también como implicados a otros siete policías por complicidad, pese a que tres de ellos reprocharon la difusión. Romero Canales fue cesado temporalmente en su servicio y, al igual que los demás, con orden de comparecencia restrictiva por falta grave y muy grave. El caso que implica una denuncia penal se encuentra en el 19 juzgado.

El congresista Alberto de Belaunde (BL) saludó la actitud de la policía de denunciar e investigar a sus propios integrantes.
A la sesión del miércoles 19 había sido invitado al ministro del Interior, Carlos Morán Soto, quien se excusó por no poder asistir pero envió a sus representantes.

FEMINICIDIO

De otro lado, el comandante general de la PNP, José Luis Lavalle Santa Cruz, dio cuenta del caso de feminicidio ocurrido en el Callao el pasado 4 de junio que tuvo como víctima a Erika Oblitas Morales (32) en manos de su expareja Miguel Benítez Arana (38).

Indicó que tanto el médico legista, como el Ministerio Público y su propia familia conversaron con ella, cuando quedó retenida en la comisaría para las investigaciones del caso, puesto que hubo agresiones entre ambas personas.

Cuando Oblitas Morales se desvaneció fue que la trasladaron al Hospital Loayza y luego de cinco días de internada falleció.

Lavalle Santa Cruz aclaró que en el caso de la mujer fallecida había una denuncia vigente por los delitos de asociación ilícita para delinquir, tenencia ilegal de armas y extorsión, por lo que tuvo custodia policial durante su internamiento. Eso no ocurrió con Benítez Arana, quien salió libre por falta de antecedentes.

El comandante policial también indicó que frente a la violencia contra la mujer, adolecen de una brecha de unos 13 mil efectivos a nivel nacional, un 50 % en infraestructura y falta de recursos presupuestales para atender a la voluminosa demanda existente y tener que afrontar más de cien mil medidas de protección a nivel nacional.

Las congresistas Indira Huilca (NP), Ana María Choquehuanca (PPK) y Pariona Tarqui coincidieron en destacar la importancia de la ficha de valoración de riesgo que debe ser manejada por los Centros de Emergencia Mujer (CEM) que debe haber en cada comisaría.

De acuerdo a la información policial solo un 30 por ciento de comisarías cuenta con un CEM y solo hay 14 refugios en el país.

Las parlamentarias también coincidieron en demandar mayor capacitación, mayores garantías de protección y sensibilización social para entender las necesidades de las mujeres amenazadas y más efectividad en los programas de apoyo a la mujer y búsqueda de desaparecidos.

El congresista Jorge Del Castillo (CPA) cuestionó que la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, vistiera con mandiles rosados a los integrantes de la plana mayor del Ejército durante el inicio del programa “Fuerza sin violencia”.

“El mandil fue colocado sobre el uniforme militar y esa es una falta de respeto”, expresó el parlamentario, quien expresó su rechazo a la forma cómo se dieron las cosas y no por el objetivo de sensibilizar sobre el tema.

PRENSA CONGRESO