La Comisión de Constitución prepara el  dictamen de la iniciativa que presentó el martes 5 el congresista Joaquín Dipas (FP)  para reformar el artículo 149º de la Constitución en el sentido que “las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas y los Comités de Autodefensa, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial”.

            Este breve agregado originó que los congresistas de la oposición (FP y el PAP) expresaran su apoyo al proyecto de reforma, pero con observaciones de los congresistas Tania Pariona y Alberto Quintanilla. Tanto Lourdes Alcorta como Miguel Torres y posteriormente Javier Velásquez Quesquén anunciaron su respaldo.

            Alcorta dijo que los Comités de Autodefensa, sobre todo en la sierra del país y durante la etapa del terrorismo, cumplieron una importante labor y lucha en esos años, pero hoy han sido abandonados por el gobierno. No hay ninguna razón para eliminarlos, comentó. Afirmó que sorprendía que los coordinadores de los comités hayan asistido al Congreso a pedir como un favor el reconocimiento del Estado. Acotó que a ellos (los dirigentes) les asiste la razón y el derecho.

            Por su parte Miguel Torres recordó que los Comités de Autodefensa nacieron en el peor momento de la historia del país y pidió que no se les borre por una mala decisión del gobierno. Dijo que había que aplaudir y apoyar a esas organizaciones y que desconocerlos sería desconocer la realidad. La posición de los congresistas fue apoyada luego por sus colegas de bancada Héctor Becerril y Nelly Cuadros, y Yeni Vilcatoma.

            A su vez, Velásquez Quesquén anunció que su bancada apoyará la propuesta. Que la reforma que propone el proyecto incluye a los Comités de Autodefensa como parte de las autoridades que pueden ejercer sus funciones dentro del derecho consuetudinario, y que su labor es respaldada por la resolución 169 de la OIT. Precisó que la ley establecerá las formas de coordinación con otras instancias del Poder Judicial.

            Tania Pariona, sin embargo, dijo que apoyaba la propuesta, que valoraba el trabajo que han venido desarrollando los comités como una institución de defensa ciudadana, pero su labor debería darse dentro de un marco legal más amplio, que incluya sus derechos y la salud integral. Informó que tiene una propuesta de ley al respecto y que la presentará en los próximos días.

            En el mismo sentido, el congresista Alberto Quintanilla opinó que una reforma constitucional llevaría muchos años aprobarla (dos votaciones en dos legislaturas o un referéndum) y propuso que se dé una ley que los reconozca y los proteja.

            Para remarcar la labor e importancia de la reforma constitucional, la Comisión escuchó los planteamientos de cuatro coordinadores de Comités de autodefensa de las provincias de Huamanga, La Mar, La Convención y de la zona del VRAEM, quienes expresaron que se encuentran abandonados por las autoridades y solicitaron seguridad jurídica. Se opusieron a la disolución de los Comités porque ayudan a la seguridad ciudadana en sus localidades ante la falta de autoridades y efectivos y para detener los asaltos y la muerte de sus animales. Pidieron voluntad política para apoyar sus reclamos.

OTROS TEMAS

            Posteriormente, la Comisión, bajo la conducción de su presidenta Úrsula Letona, aprobó por unanimidad la opinión consultiva que le hizo la presidencia de la Comisión de Descentralización y Gobiernos Locales sobre la constitucionalidad de crear una Autoridad Autónoma para el Transporte Urbano compuesto por autoridades de Lima y el Callao. Letona dijo que no contravenía la Constitución y otras normas, siempre y cuando haya competencias compartidas.

            De igual forma, por unanimidad, se allanó a las observaciones que hizo el Poder Ejcutivo a la autógrafa de la Ley que modifica las leyes de elecciones regionales y municipales para regular el vínculo entre el candidato y la circunscripción por la cual postula, aprobada recientemente por el Pleno.

            De otro lado, se aprobó, por mayoría, el proyecto de ley que uniformiza las causales de vacancias de las autoridades regionales con las municipales.

MINISTROS

            Sin acuerdo, pero con un amplio debate, la bancada de FP pidió la presencia de los ministros de Justicia y de Economía. y también de la jefa del gabinete, Mercedes Aráoz, para que informen a la Comisión sobre los avances, mecanismos y problemas que conlleva la aplicación del DU 003-2017 que, para los congresistas de la oposición, impidió que el Ministerio Público y las Procuradurías plantearan medidas cautelares para evitar la fuga de los implicados en actos de corrupción en contra del Estado (especialmente de las empresas constructoras brasileñas).

            Tanto Miguel Torres, Lourdes Alcorta y Karina Beteta, comentaron que la decisión de haber solicitado prisión preventiva para los directores de empresas constructoras peruanas ha sido una “decisión valiente”, pero retrasada. Dijeron que debió solicitarse mucho antes el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones y que  recién habían actuado por presión de los congresistas Vilcatoma y Daniel Salaverry. Afirmaron que no hubo una posición del Estado frente a los casos de corrupción.

            Héctor Becerril opinó que el decreto de urgencia “fue emitido por el gobierno para blindar a empresas consorciadas” y que el presidente Kuczynski ha formado empresas desde que era miembro de directorios y que habría tenido una relación estrecha con Odebrecht. “El gobierno quiere proteger a los corruptos”, remarcó.

            Por su parte, el congresista Vicente Zeballos dijo que los argumentos expresados no eran sostenibles y preguntó por qué citar a los ministros. (O/M/C)

PRENSA CONGRESO