La Comisión de Descentralización y Regionalización del Congreso aprobó esta tarde,  por unanimidad, proponer que el Poder Ejecutivo establezca como un tema de interés nacional y urgente necesidad pública la revisión -en un plazo de 180 días- del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD), que data de 2011, porque tal como está y  luego del devastador efecto del Niño Costero ha quedado en evidencia que presenta muchas dificultades y vacíos.

El pronunciamiento de ese grupo de trabajo fue unánime y, según estimó el presidente de la Comisión de Descentralización y Regionalización, Gilmer Trujillo (FP), es muy seguro que el dictamen de la futura ley sea visto en el pleno del Congreso de la República en la primera semana del próximo mes de noviembre, más aún cuando se enmarca dentro de la Agenda Legislativa Anual 2017-2018 aprobada por el Parlamento.

 La propuesta aprobada, sin ningún voto en contra, plantea además modificar las leyes de gobiernos municipales y gobiernos regionales para que sea suspendido -en el ejercicio del cargo- el alcalde o gobernador regional que incumpla con su responsabilidad legal de dictar medidas para prevenir un desastre y atender prontamente una eventual emergencia natural en sus respectivas circunscripciones territoriales.

 El legislador Trujillo explicó que esta proposición legal resume un total de doce iniciativas legales que presentaron igual número de colegas suyos pertenecientes a distintos grupos parlamentarios «y lo que pretendemos es corregir la falta de capacidad operativa y de gestión en los procesos de gestión de riesgos que quedó al descubierto con los nefastos efectos del Niño Costero y que trajo consigo un impacto negativo en la economía nacional equivalente al 1.5% del Producto Bruto Interno».

 Antes, la Comisión de Descentralización atendió la presentación del ministro de Vivienda y Construcción, congresista Carlos Bruce (PPK), quien sustentó la propuesta de ley remitida por el Poder Ejecutivo que buscar sanear las deudas que tienen las empresas prestadoras de servicios de saneamiento públicas con el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) y a la vez garantizar un buen gobierno corporativo en la dirección de estas entidades públicas.

 Otro acuerdo de la Comisión de Descentralización fue volver a citar al gobernador regional de Ica, Fernando Cilloniz, para que comparezca ante el pleno de ese grupo de trabajo y explique el por qué impide la labor fiscalizadora de los consejeros regionales reunidos en el Consejo Regional. En esta oportunidad, la citación será comunicada a la Mesa Directiva del Parlamento ante la renuencia de la referida autoridad regional para rendir cuenta de sus actos a una comisión del Congreso. (JSR)

 PRENSA CONGRESO    18-10-17

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