El Pleno del Congreso reinició su sesión a las 3:00 pm con la lectura de diversas mociones de saludo y minutos después entró al tema de la reforma constitucional del artículo 35 de la Carta Política iniciada horas antes.

            Los primeros en intervenir fueron los congresistas María Elena Foronda y Manuel Dammert. La representante del Frente Amplio dijo que se trataba de una propuesta vital para los partidos políticos y cuestionó especialmente la participación de la empresa privada en los aportes.

            Afirmó que las inversiones se hacen pensando en los negocios que tienen los aportantes, quienes esperan como retribución normas hechas a la medida. Ha siempre así y también en un espacio como es el Congreso.

            Destacó que los aportes tengan un límite, que no deben provenir de las corporaciones. Los partidos políticos no están en venta, remarcó. Dijo que Frente Amplio propone que los ingresos provenientes de privados no deben superar el 10% del financiamiento público a los partidos políticos y que se debe rendir cuenta de ello.

            Seguidamente Manuel Dammert destacó que hay avances en la reforma, pero deben quedar plenamente establecidos. Propuso durante su intervención que se sancione al congresista con la pérdida automática de su cargo si se ha comprobado fehacientemente que ha recibido aportes irregulares, incluyendo las cuentas que posea mediante el sistema del off shore.

            Comentó que la información debe ser transparente y que se incluya en ella las propiedades.

           Por su parte, el congresista Octavio Salazar comentó que el Congreso ha cumplido un papel preponderante a solicitud del Ejecutivo, mejorándose los proyectos a efecto de tener normas claras, debiendo el Congreso sentirse orgullo de ello.

            La democracia tiene un costo y si no se regula tendrá efectos negativos en la democracia. Es necesario el financiamiento público porque da igualdad y permite la  rendición de cuentas, porque un país tiene que invertir en su pueblo y en la participación ciudadana, afirmó el representante de Fuerza Popular.

                Wilbert Rozas dijo que el caso ‘Lava jato’ ha permitido  esclarecer de qué manera se financian las campañas. No se puede permitir que el trabajo de gestión pública se financie con aportes privados. Afirmó que el sicariato y las mafias se mueven alrededor de la política y es peligroso  cuando esos fondos no se bancarizan y no son trasparentes. También se financian a los partidos políticos pagando locales y militantes.

            Por su parte, Alberto Quintanilla sostuvo que hay que reconocer de manera autocrítica que el Congreso no está a la altura para superar esta crisis.  La manera de recuperar la legitimización de la clase política no  puede dejar de lado los propios estatutos de las organizaciones políticas.

Actualmente muchas organizaciones políticas  en lugar de hacer congresos nacionales designan un comité político, de dos o tres personas, que al final deciden quiénes son los candidatos.

                Clemente Flores (PPK) dijo que las empresas ligadas a universidades no deben aportar a los partidos políticos.“No es posible que actualmente el Estado deje de cobrar impuestos a las universidades cuando estas a su vez están financiando a partidos políticos cuando deberían dedicarse a la educación y a la investigación.

Rolando Reátegui (FP) argumento que si el Perú es un país informal  no se puede decir que esa clase de aportes es ilícito.

Si la población se mantiene, en su mayoría, en la informalidad es porque no tiene resultados en educación, salud o en obras. En consecuencia no se puede satanizar esos aportes, afirmó.

PRENSA CONGRESO