REGULAN COMERCIALIZACIÓN DE SUSTANCIAS PARA FINES ESTÉTICOS
Centro de Noticias del Congreso
12 Sep 2019 | 19:14 h
Quedó para su promulgación la ley que regula la comercialización, uso y aplicación de sustancias de relleno denominadas biopolímeros, polímeros o siliconas, y afines en tratamientos corporales con fines estéticos y define dichos procedimientos como acto médico.
Fue después de ser aprobado, por mayoría, en la sesión vespertina del Congreso, con la presidencia de Pedro Olaechea Álvarez Calderón. La votación fue 79 votos a favor, 1 en contra y cero abstenciones. Se le exoneró de segunda votación.
La propuesta, de autoría del congresista Eloy Narváez (APP), tiene como principal objetivo proteger la vida y la integridad física y psicológica de los ciudadanos, a través de la prohibición, regulación, control, fiscalización y sanción del uso y aplicación de sustancias de relleno inyectables o biopolímeros, polímeros y afines no reabsorbibles o permanentes, para fines estéticos en seres humanos.
La aplicación de esas sustancias son actos médicos. Se prohíbe y sancionará a aquellas personas que, sin ser médicos especialistas en la materia, los realicen.
El proyecto aprobado prohíbe toda forma de producción, distribución, elaboración, reconstrucción, reacondicionamiento, posesión o tenencia, importación y comercialización de sustancias de relleno inyectables o biopoleros y afines no reabsorbibles, no biodegradables o permanentes, para fines estéticos como las microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA), la silicona líquida, polímeros de hidrogel u otros similares.
También señala que “el que produce, distribuye, elabore, reconstruya, reacondicione, posea, importe y comercialice sustancias de relleno para tratamiento con fines estéticos, en cualquiera de sus presentaciones, prohibidas serán sancionados de acuerdo a lo que establece el Código Penal.
El dictamen, que cuenta con el aval de la Sociedad de Cirugía Plástica del Perú, fue destacado por los legisladores Luz Salgado y Milagros Salazar (FP), Yonhy Lescano (AP), César Vásquez (APP) y Rolando Reátegui (UPR).
MEDICAMENTOS
A continuación y ante el planteamiento de dos cuestiones previas, el Pleno con votación mayoritaria de 67 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones, aprobó enviar a la Comisión de Salud el proyecto de Ley 3692/2018-CR, de autoría del legislador Freddy Sarmiento (FP) que promueve la información adecuada y correcta a los consumidores de los productos farmacéuticos.
El legislador Gilbert Violeta (NA), presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor sustentó dicha iniciativa y dijo que el objetivo era establecer disposiciones con la finalidad de evitar la afectación de los derechos de los consumidores de productos farmacéuticos cuya condición de ventas es con receta médica.
Del mismo modo en el caso de alimentos de regímenes especiales, prohíbe y sanciona el incumplimiento del deber de información para evitar prácticas de abuso de posesión. Actualmente en el país hay cadenas de farmacias que ejercen una suerte de alteración de la receta médica en el momento que el paciente o usuario acude a una botica y le ofrecen productos relacionados con la misma cadena de farmacias.
Violeta explicó que así se intenta evitar que las recetas médicas sean alteradas y no se ejerza un abuso de posición de dominio. Se propone también prohibir que el personal de farmacias reciba incentivos económicos a cambio de sugerir un medicamento por otro.
Este proyecto fue exonerado por la Junta de Portavoces del dictamen de la Comisión de Salud. Sin embargo durante el debate algunos congresistas (Héctor Becerril, Segundo Tapia, Zacarías Lapa, Rosa Bartra, César Vásquez, entre otros) pidieron que también se pronuncie la Comisión de Salud a través de su dictamen.
Del mismo modo, estos congresistas pidieron que el Pleno debata el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo sobre los medicamentos genéricos y su venta obligatoria en las farmacias del país.
El Pleno también acordó que la iniciativa en debate retornase a la Comisión de Defensa del Consumidor para mejorar el texto cuestionado. Se aprobó con 37 votos.
PRENSA-CONGRESO