La modificación del artículo 93 de la Constitución Política referida a la inmunidad parlamentaria, no alcanzó los 88 votos requeridos en una primera votación y que hubiera sido ratificada en una segunda votación en la próxima legislatura ordinaria.

78 votos votaron a favor (de un total de 114 congresistas presentes), 32 en contra y 3 abstenciones. El presidente del Congreso, que dirigía la sesión, informó que al no haber alcanzado los votos requeridos se someterá a referéndum.

La innovación señala en el quinto párrafo del artículo 93º que la “inmunidad parlamentaria no suspende ni paraliza los procesos penales contra un congresista iniciados con anterioridad a su candidatura. La ejecución de la sentencia firme emitida en estos procesos, será dispuesta por la Corte Suprema sin autorización del Congreso de la República y en cumplimiento estricto de los plazos establecidos por la Ley”.

La presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, congresista Rosa María Bartra (FP) consideró que al pretender quitar la inmunidad parlamentaria se ha querido debilitar al Congreso de la República.

Subrayó que es una garantía para que los miembros del Parlamento cumplan fielmente su función de fiscalización y control político en resguardo del pueblo y que se ha pretendido dar esta responsabilidad a la Corte Suprema cuando la función que cumple esa institución es jurisdiccional y no política. Ese derecho, acotó, le corresponde al propio Congreso.

La decisión de que la inmunidad parlamentaria sea vista por el Congreso de la República o el Poder Judicial dividió a los legisladores de las distintas bancadas durante el debate.
del Perú.

Por un lado, los oficialistas o cercanos al Poder Ejecutivo y la oposición se pronunciaron porque el levantamiento de esta garantía parlamentaria sea potestad del Ejecutivo y, por el otro, la bancada de Fuerza Popular y de la Célula Parlamentaria Aprista lo hicieron por la defensa del fuero parlamentario.

Al reiniciarse la sesión de esta mañana, a las 10:20 am, los congresistas retomaron el tema iniciado ayer. La congresista Luz Salgado (FP) dijo que la prerrogativa de levantar la inmunidad parlamentaria debe quedar en la sede congresal. Destacó el hecho que se han hecho modificaciones como la de no defender “a los que vienen con una mochila de corrupción atrás” y se han acortado los periodos de trámite para que el Congreso sea más expeditivo.

Indicó que en muchos casos las acusaciones han sido declaradas inadmisibles porque han sido mal procesadas o incompletas y se afecta el derecho de la legítima defensa.

Como un caso de flagrancia, recordó el caso del excongresista Javier Noriega Febres, del Frepap, donde el Congreso actuó con suma rapidez y sin analizar lo transfirió al Poder Judicial acusado de asesinato. Después se develó que los hallazgos en Cieneguilla no eran de personas, sino de animales. Dijo que se le acusó y se le hizo daño sin que se demuestre la acusación.

El congresista Marco Arana (FA) consideró que la inmunidad parlamentaria ha sido utilizada de manera selectiva para perseguir a opositores o perseguir a los enemigos. Por eso, dijo, la institución está cuestionada. Señaló que la inmunidad no es para encubrir delitos comunes y que eso es lo que está en tela de juicio. Sostuvo que esta garantía no es un privilegio, sino que es inherente a la función congresal para ejercer sus funciones, como la de investigar actos de corrupción.

Arana Zegarra se pronunció por la necesidad del fortalecimiento de los partidos para que sus candidatos sean los idóneos.

Sostuvo que la propuesta que está alcanzando la Comisión de Constitución tiene un contrasentido porque propone como impedimento para el candidato una sentencia eb primera instancia, pero para el congresista, ya elegido, sentencia firme, con lo cual se incurre en razonabilidades distintas.

Salvador Heresi (NA) se pronunció por «la defensa del Congreso» y que si el presidente Martín Vizcarra quiere cerrarlo «nosotros nos atrincheraremos y nos tendrán que sacar a balazos, porque vamos a defender el fuero parlamentario».

Gino Costa (BL) dijo que la inmunidad es un mecanismo de protección que no tienen las personas que investigan, como el caso de periodistas y fiscales. Planteó que quien levante la inmunidad sea la Corte Suprema de Justicia. Dijo que el daño no solo es el uso y abuso de la inmunidad, sino el desprestigio de la institución congresal.

El congresista Mauricio Mulder (CPA) calificó de falaces los argumentos de Costa, quien mostró estadísticas sobre el particular. Asimismo, lo acusó de defender la propuesta del Poder Ejecutivo porque tiene parientes como funcionarios, por lo que no cuenta con moral para hacer ese tipo de propuesta.

Costa respondió que su esposa Fabiola María León-Velarde Servetto, presidenta del Concytec, no ha sido puesta por él, porque no es parte del Poder Ejecutivo, que es el que la nombró.

Mulder dijo que “hay que estar alerta” porque este 28 de julio el presidente Martín Vizcarra acudirá al Congreso con mecanismos que buscará disolverlo y «nosotros no lo debemos permitir».

OTRAS INTERVENCIONES

Edgar Ochoa (NP) sostuvo que inmunidad parlamentaria se ha convertido en un mecanismo de impunidad y consideró que debe revisarse y analizarse lo que comprende la inmunidad de arresto y la que tiene el Presidente. Indicó que mientras el Congreso recupere la confianza debe ser el Poder Judicial el que se encargue de la inmunidad.

Por su lado, Alberto Quintanilla (NP), afirmó que para que se ejerza correctamente la inmunidad parlamentaria, solo en el caso de presuntos delitos de tipo penal, debe ser la Corte Suprema la que se haga cargo. Descartó que sea juez y parte porque es la instancia especializada en esa materia.

Víctor García Belaunde (AP) dijo que el tema ya es bastante viejo. En el caso del Perú viene desde la Corte de Cádiz. Sin inmunidad, el Congreso no puede investigar, dejarlo sin ella castraría al Parlamento, afirmó. Recomendó corregirla, acortarla y hacerla más eficiente, pero no confundir las cosas.

Consideró que en el escenario de no tratar la inmunidad, el Congreso no será una institución de contrapeso, sino que se convertirá en una compañía de turno del Poder Ejecutivo.

Héctor Becerril (FP) señaló que lo que se está buscando es eliminar la inmunidad y captar el Ministerio Público y el Poder Judicial para evitar que se les acuse y actuar contra los enemigos políticos.

Jorge Castro (NA) indicó que inmunidad parlamentaria es «totalmente necesaria». «Es innecesaria para los que no hacen nada», dijo.

Armando Villanueva Mercado (AP) indicó que ha pedido acumular su propuesta N° 4475 para preservar las prerrogativas del fuero parlamentario. Propuso que el Congreso en 20 días debe resolver el levantamiento de la inmunidad para casos de sentencia firme.

En un momento de la sesión la congresista Luz Salgado (FP) se solidarizó con los afectados por el incendio que tuvo lugar en el Callao y pidió al Congreso apoyo o la realización de una colecta para colaborar con las 300 familias damnificadas. Lo propio hicieron los representantes de esa provincia, Víctor Albrecht (FP) y Janet Sánchez.

En el último tramo del debate, parlamentarios de distintas bancadas consideraron que quitarla es eliminar la esencia de la función de fiscalizar y de control político que tiene el Congreso en defensa de los intereses del pueblo.

César Villanueva Arévalo (APP) remarcó que se pretende “castrar” al Parlamento de su función esencial que le delega el pueblo como Poder auténticamente emanado de la democracia.

Carlos Tubino (FP) manifestó que la Corte Suprema no tiene el poder emanado del pueblo, por lo cual no puede ser la institución encargada de levantar la inmunidad, sino lo pide el Parlamento. Nosotros somos el poder emanado del pueblo. La Corte Suprema podrá levantar la inmunidad cuando lo requiere el Congreso.

María Melgarejo (FP) citó algunos conceptos del titular de la Comisión de Reforma Política, Fernando Tuesta, quien señaló que la única forma que tiene el Congreso para cumplir la función congresal, es sobre la base de la garantía que le ofrece la inmunidad parlamentaria.

Luciana León (CPA) manifestó que la inmunidad parlamentaria es para evitar la persecución política que uno puede sufrir como producto del cumplimiento de la función de fiscalización. Si un parlamentario no tiene esta garantía legal no podrá investigar nada en torno a la corrupción y otros problemas que se presentan.

Remarcó que aquellos parlamentarios que tengan procesos pendientes no tienen derecho a la inmunidad parlamentaria.

Sugirió que debería incluirse no sentencia firme sino sentencia ejecutable. Pidió que la Comisión de Constitución entre en cuarto intermedio para que se defina bien lo que significa sentencia firme y sentencia ejecutable. El levantamiento debe quedar dentro del Parlamento.

Eloy Narváez (APP) consideró que el problema que se ha presentado se debe a los parlamentarios que tuvieron antecedentes procesales, pero ya se ha puesto un candado para que no participen candidatos que hayan sido sentenciados en primera instancia.

PRENSA CONGRESO