La Comisión Especial Revisora del Código de Ejecución Penal, presidida por el legislador, Américo Gonza Castillo (PL), recibió a representantes del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Consejo Nacional de Política Criminal – Conapoc y del Colegio de Abogados de Lima, quienes se pronunciaron respecto del proyecto de ley dirigido a atender la problemática de presos de difícil readaptación.

El representante del Ministerio de Justicia, Marcos Iván Galván Ramos, durante la sustentación del proyecto de Ley 2559/2021-PE, expresó que el objetivo de la norma es modificar el Código de Ejecución Penal, a efectos de contar con un marco legal que permita regular un régimen de vida excepcional para internos e internas con un perfil criminógeno de difícil readaptación, extrema seguridad y que representan riesgos para la seguridad nacional.

La iniciativa, presentada por el Poder Ejecutivo, plantea crear, dentro del Régimen Cerrado Especial, la “Etapa A-Extrema Seguridad”.
Por su parte, la directora de Política Criminológica y secretaria técnica del Consejo Nacional de Política Criminal – CONAPOC, Lucía Nuño vero Cisneros, expuso los avances del anteproyecto del Código de Ejecución Penal.

“Este grupo de trabajo ha sesionado en cuatro ejes. El primero está referido a aspectos transversales (terminología); segundo, en el tema de deshacinamiento y medidas alternativas; tercero, beneficios penitenciarios; cuarto, la incorporación de un juez de ejecución penal. Es un documento de 200 hojas con exposición de motivos por cada 1 de estos ejes”, puntualizó.

El representante del Colegio de Abogados de Lima, Juan Carlos Jiménez Herrera, opinó que para hacer un Código de Ejecución Penal primero se debe saber si se cuenta con la infraestructura, el presupuesto.

“Siempre tomamos como referente otras legislaciones, en este caso penitenciaria, cuando son realidades distintas, economías distintas, estructuras distintas”, cuestionó.

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