El Pleno inició esta tarde el proyecto de reforma constitucional de los artículos 34 y 39 de la Carta Política, referidos a los impedimentos para ejercer la función pública.

            Inicialmente, la presidenta de la Comisión informante dijo que no procedía someter de inmediato a votación el dictamen de reforma constitucional sobre impedimentos para ser candidato a un cargo de elección popular y que merecía un debate profundo y reflexivo.

            El presidente de la sesión, Daniel Salaverry, recordó que dicho dictamen ya fue sustentado en el Pleno, hubo un amplio debate y no se sometió a votación  porque había 90 congresistas presentes y la valla era de 87 votos, y era probable que no pasara su aprobación. “Ahora con 110 congresistas  hay las posibilidad que esto pase”, dijo.

            El dictamen propone incorporar el artículo 34-A y modificar el artículo 39 de la Constitución. El segundo párrafo establece que “tampoco pueden postular las personas que cuenten con sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos cuya pena sea mayor a cuatro años·

            El congresista Javier Velásquez Quesquén (APRA) respaldó a Bartra, indicando que el dictamen tiene que ser debidamente debatido, pero adelantó algunas opiniones al respecto. Comentó que el artículo propuesto no viola la presunción de inocencia, pero le pareció excesivo que se establezcan impedimentos legales para los cargos de confianza, teniendo en cuenta que no hay profesionales que puedan suplir a los que tienen alguna condena. Todo es relativo, subrayó.

            Por su parte, el congresista Gino Costa dijo que el texto está listo para ser votado; y el congresista Víctor García Belaunde opinó que la Constitución Política no puede ser reglamentarista y lo que se propone puede ser incluido en una ley, en un Código Electoral y llevarse a cabo desde las próximas elecciones generales.

            El congresista Luis Iberico dijo que había que tener presente la presunción de inocencia y que delito doloso es amplio y se puede entrar en generalizaciones.

            La modificación del artículo 39, en tanto, propone que todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación.

            Establece que el presidente de la República tiene la más alta jerarquía, seguido de los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo, en igual categoría; y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley.

            La sesión fue suspendida por el presidente del Congreso para reanudarla a las 15 horas.

PRENSA CONGRESO