No somos Ministerio Público ni Poder Judicial. Solo nos corresponde evaluar si existe motivación política u otra de carácter legal y no de índole político, racial o religioso de naturaleza discriminatoria, expresó el congresista Octavio Salazar (FP), a cargo de la presidencia de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria.

            “El Poder Judicial lo pide, pero nosotros tenemos que determinar si el problema es legal o político”, anotó Salazar Miranda quien  remplaza en la presidencia a la congresista Luciana León (CPA) quien se encuentra de licencia por maternidad.

            Fue en referencia a los casos de los congresistas Edwin Donayre (APP) y Betty Ananculí (FP). El Poder Judicial ha pedido el levantamiento de su inmunidad parlamentaria para afrontar las denuncias penales en su contra.

            En el caso de Donayre Gotzch, dijo que el lunes 3 de diciembre, a las 11:00 horas, se reunirán los miembros de la comisión para determinar su situación. Indicó que el documento del Poder Judicial recién llegó en horas de la mañana a la comisión, por lo que el próximo lunes tratarán el tema.

            Sobre Ananculí Gómez, refirió que el Reglamento del Congreso dispone que después del descargo correspondiente son 15 días útiles para evaluar el dictamen final. Entretanto, pedirán los documentos fedateados para evaluar el caso.

            Preguntado sobre el congresista Moisés Mamami (FP) señaló que aún no hay pedido del Poder Judicial.

            Ananculí Gomez, quien se presentó ante la comisión para hacer los descargos correspondientes acompañada de su abogado Sergio Collazos, dijo que la persona que hizo la denuncia sobre la presunta falsificación de documentos es madre del jefe de campaña electoral de su accesitaria y negó tajantemente haber incurrido en esa situación.

            Por el contrario, indicó que el Ministerio Público ya tiene su denuncia contra su acusadora, Nélida Tasaico de Castillo, de quien dijo presentó un documento falso de haber estudiado en el colegio “Nuestra Señora de las Mercedes”, en Ica.  

            Por su lado, Collazos dijo que el único error cometido fue uno de “naturaleza material”, al consignar en su hoja de vida haber estudiado primaria entre 1970 y 1976 y la secundaria entre 1976 y 1981, consignando el mismo año del término de unos estudios y el inicios de los otros.

            Anaculí no quiso dar el nombre de su accesitaria, pero señaló a su jefe de campaña, Fabricio Castillo,  como la persona interesada en hacerle daño y su madre es la que hace la denuncia de una supuesta falsificación de documentos.

            “Jamás tenía que haber mentido, soy una mujer emprendedora, como muchos peruanos que vienen a hacer patria. A mí me han hecho mucho daño. Dos años cargando esta denuncia calumniosa”, manifestó. (MED)

PRENSA CONGRESO