En su última sesión como titular de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, el congresista Héctor Ventura Ángel (FP) recomendó que en la próxima legislatura ese grupo de trabajo continúe con la línea de investigación en dirección a dilucidar una presunta organización criminal familiar del presidente Pedro Castillo.

“Hay una obligación de parte de la nueva comisión de fiscalización para investigar estos presuntos actos ilícitos. Una línea de investigación sobre una presunta organización criminal familiar, debemos denominarlo así porque hoy probablemente este involucrada la hermana de la primera dama, Yenifer Paredes”, dijo el legislador.

Añadió que también se ha tenido evidencias que el suegro del presídente Castillo ha tenido relación con Zamir Villaverde porque él ha realizado viajes al interior del país con los costos asumidos por la empresa del ahora aspirante a colaborador eficaz.

“Tenemos al presidente de la República, la esposa del presidente, la hermana de la Primera Dama, el suegro del presidente, los sobrinos del presidente y otras personas ligadas al entorno del presidente de la Republica”, dijo.

SOBRINA DEL MANDATARIO

Ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Yenifer Paredes Navarro, sobrina del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, negó haber realizado algún tipo de direccionamiento de obras públicas de saneamiento de agua potable en las comunidades Succha y La Palma del distrito de Chadín en la provincia de Chota del departamento de Cajamarca.

Yenifer Paredes asiste a la Comisión de Fiscalización

Dijo que únicamente su labor fue realizar levantamiento de información en la zona con el apoyo de la población beneficiaria, para luego procesarla e incluirla como parte del componente social del expediente técnico a fin de determinar si el proyecto era factible o no.

“El perfil lo elabora la municipalidad, yo fui a censar, mi trabajo era recoger información para la empresa del señor Jhony Espino” afirmó Paredes Navarro al tiempo de añadir enfáticamente que “yo nunca he realizado tráfico de influencias y no he prometido nada”, dijo.

Añadió que antes trabajaba para el Estado y luego de tomar conocimiento de la prohibición prestó sus servicios para el sector privado y “no se me informó que estaría impedida de hacerlo porque si no se estaría vulnerando mi derecho al trabajo”, dijo.

El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Ángel Ventura (FP), interrogó a la invitada sobre las declaraciones vertidas en el informe periodístico donde alude a que recogería datos junto al equipo de topografía para llevar la información al gobierno central.

“¿Por qué digo el gobierno central? porque me refiero al gobierno central y es el Centro de Atención Ciudadana que es una oficina descentralizada del Ministerio de Vivienda”, dijo Paredes a lo que Ventura refutó que “todos sabemos que el gobierno central es el gobierno de turno”.

“¿Por qué yo tendría que ofrecer algo que no está en mis posibilidades? Como trabajadora solo tenía que recoger la información”, añadió la sobrina del presidente Castillo al tiempo de reiterar que “el gobierno central -para mi- es el Ministerio de vivienda y sus oficinas”.

La congresista Rosangella Barbarán (FP) señaló que tanto los congresistas como el presidente de la República al ser funcionarios públicos tienen prohibiciones que deben tomar en cuenta para evitar conflicto de intereses.

“El presidente ha debido reunirse con su familia y decirles -por más cariño que les tenga- que no pueden trabajar en el Estado porque eso es una irresponsabilidad que se puede convertir en delito”, dijo la legisladora.

Por otro lado, Barbarán dijo que hay que hacer un llamado a la Sunat porque la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C estaría usando a jóvenes para no pagar impuestos y “encima se permite el ingreso a Palacio a gente que incumple con las normas laborales”.

Paredes Navarro respondió a las afirmaciones de los medios de comunicación sobre su salida del país.

“Estoy aquí, no hice teletransportación, he estado siempre aquí. Piden mi récord migratorio y yo nunca he viajado fuera del país, estoy aquí y pido que ya no se vulnere más mi dignidad como persona. He venido aquí porque no tengo nada que ocultar, he estado trabajando que es un derecho fundamental”, aseveró.

En la sesión, el congresista Alex Paredes Gonzales (BM) dijo que, al concluir el periodo anual de sesiones, la Comisión de Fiscalización no tendría autorización para sesionar con invitados lo cual le quitaría la legalidad a la reunión. Por ello, solicitó que se suspenda la sesión. Con ello coincidió su colega Francis Paredes (BMCN). El pedido fue desestimado con 6 votos a favor, 9 en contra y una abstención.

El congresista Enrique Wong Pujada (PP) reconoció el valor que tiene Yenifer Paredes para enfrentarse a una comisión investigadora. “Usted estaba haciendo su trabajo sin tener ningún tufillo a que haya algo de corrupción”, dijo el legislador.

Para el congresista Segundo Quiroz (BMCN) en la reunión “se está buscando al presidente Castillo -incluyendo a su familia- para promover la vacancia”.

Al cuestionar que la invitada trabaja sin un contrato formal, ni tendría funciones específicas, el congresista Juan Burgos (Avanza País) fue enfático al preguntar si es usted lobista de la empresa del señor Espino.

CULMINA LA GESTIÓN

Al término de la sesión el congresista Ventura dio por culminada su gestión al frente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Dijo que han sido cerca de 7 meses de trabajo siguiendo los parámetros del debido proceso parlamentario y constitucional y un manejo serio y respetuoso de los derechos de cada invitado.

“Gracias al apoyo de los miembros de la comisión logramos aprobar el informe final del caso Sarratea el cual más allá de evidencias claras sobre presuntos actos de corrupción realizados en las más altas esferas del Gobierno. No dudo que dará pie a otras nuevas investigaciones”, dijo Ventura.

Resaltó que también se aprobaron dictámenes que se convirtieron en leyes entre ellas la Ley del Control Concurrente Vinculante, el cual prevendrá actos irregulares en los procesos de adjudicación de obras públicas.

OFICINA DE COMUNICACIONES