Con sesenta votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que plantea proteger a los usuarios ante cobros excesivos en el suministro de agua potable y garantizar el cobro de la tarifa social por el servicio de agua y alcantarillado a las entidades del Estado.

La propuesta incorpora un párrafo en el artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, el cual queda redactado en los términos siguientes: «por el uso de agua potable y alcantarillado, por parte de las entidades públicas, los prestadores de los servicios de saneamiento, sólo podrán cobrar la tarifa social».

Indica que los usuarios tienen el derecho irrenunciable de presentar reclamos ante la autoridad competente sin límites ante eventuales cobros atípicos de consumo de agua potable y alcantarillado, y obtener nuevas facturaciones conforme al consumo histórico.

Ante la existencia de lecturas atípicas donde no se revela la existencia de fugas, los usuarios tendrán el derecho de obtener nuevas facturaciones conforme al promedio histórico de consumo, sin límites a las eventualidades que pudieran presentarse durante el período de 12 meses. El reglamento establece los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios de saneamiento.

La congresista María Acuña Peralta (APP), presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción, sustentó la propuesta señalando que la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), adecúa el Reglamento de la Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento, en un plazo de 60 días calendarios a partir de su publicación.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Elías Vara Meléndez (PB), dijo que el dictamen busca  proteger a los usuarios residenciales ante lecturas atípicas en la facturación del servicio de agua potable.

La autora del proyecto congresista Digna Calle Lobatón (PP), afirmó que existen empresas prestadoras del servicio de agua, que vienen realizando cobros excesivos. «Hay miles de familias que tienen el derecho de reclamar cuando se les emiten facturaciones excesivas y abusivas por estas empresas», indicó.

El dictamen fue exonerado de segunda votación, con 87 a favor, cero en contra y trece abstenciones.

OFICINA DE COMUNICCIONES