Dos dictámenes recaídos en sendos proyectos de ley, que se orientan a defender la salud de la población y a garantizar la limpieza del medio ambiente, aprobó hoy viernes 2, en medio de aplausos de sus integrantes, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, en sesión extraordinaria efectuada en la sala María Elena Moyano del Palacio Legislativo.

El primero de los proyectos plantea recuperar las facultades sancionadoras  del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), cuya propuesta inicial correspondió al legislador Oracio Pacora Mamani (FA). A esa iniciativa se sumó otra de la congresista Patricia Donayre Pasquel (FP). Sobre la base de las dos iniciativas se elaboró un dictamen que fue sancionado por unanimidad.

El proyecto propone derogar el artículo 19º de la Ley Nº 30230, la cual establece medidas tributarias, simplificación de la promoción y la dinamización de la inversión privada. Además, señala que la OEFA ejercerá las funciones previstas en la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, al igual que las normas modificatorias complementarias sobre el particular.

La congresista Patricia Donayre, al agradecer la acumulación de su proyecto en el dictamen planteado, dijo que se beneficiará al país mediante el fortalecimiento de las funciones que corresponden a la OEFA.

Su colega Oracio Pacori indicó que el tema había sido debatido ampliamente en anteriores sesiones y al final el texto presentado por la secretaría técnica demostraba el consenso al que se había llegado sobre la propuesta de ley.

Los parlamentarios, entre ellos Marco Arana Zegarra (FA), coincidieron en que, de esa manera, se trabajaba por mejorar las condiciones en que se enfoca la política ambiental y para garantizar la salud de la población y el equilibrio necesario de las acciones a que haya lugar para ese efecto.

NECESIDAD PÚBLICA

Otra propuesta aprobada fue la iniciativa, de autoría de la legisladora Karla Schaefer Cuculiza (FP), en el sentido de que el Gobierno declare de necesidad pública e interés nacional el uso de vehículos de transporte ecológicos. Es decir, de menores efectos contaminantes como los alternativos, eléctricos o híbridos eléctricos, con los cuales –se señala- se apuntará hacia mejores calidades de vida de la población.

Se recomienda, en ese sentido,  que el Poder Ejecutivo designe una comisión integrada por representantes de los ministerios de Ambiente, Economía y Finanzas, Transportes y Comunicaciones y Energía y Minas, entre otros, para que en un plazo de 60 días señale la política que permita usar y hacer el cambio necesario hacia el empleo de esos vehículos de menores efectos contaminantes.

De otro lado, en la sesión dirigida por la congresista Elena Foronda Farro (FA), se acordó dejar pendiente para la próxima sesión la designación de uno o dos legisladores miembros de la Comisión para que se integren a una comisión especial que dirige la Presidencia del Consejo de Ministros y que sostiene diálogos con fines de solucionar la problemática de la población de Saramurillo (Loreto), a raíz de los derrames petroleros registrados en el Oleoducto Nor Peruano.  

INCENDIOS FORESTALES

En la primera parte de la sesión, los congresistas escucharon informes de representantes del Poder Ejecutivo respecto de los incendios forestales ocurridos en diferentes zonas rurales del país. Sobre esos temas formularon preguntas y expresaron preocupaciones por la situación de emergencia que se había decretado a consecuencia de esos incendios en determinadas regiones del país.

Los funcionarios asistentes fueron Fernando León Morales, viceministro de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales, del Ministerio del Ambiente; vicealmirante ® Alberto Lozada Frías, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI); Pedro Gamboa Moquillaza, jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado; y Sara Yalle Paredes, del Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre, del Ministerio de Agricultura.

Todos ellos se refirieron ampliamente a las funciones que por ley corresponde a esos organismos para actuar frente a esos fenómenos naturales, en este caso, incrementados como consecuencia del cambio climático que afecta a varios países, entre ellos el Perú.

Fue el jefe del Indeci quien afirmó que en siete días de acciones se controló los incendios ocurridos en un radio de 20 mil hectáreas de diferentes puntos del país, de una manera más rápida a lo que suele darse en países adelantados como Israel, por ejemplo.

Pedro Gamboa refirió que los puntos más afectados fueron el Parque Nacional Cutervo, con 360 hectáreas; el Refugio de Vida Silvestre, de Laquipampa, en Cajamarca; y en el Bosque de Protección de Pagaibamba, Cajamarca, donde se afectó entre 380 y 400 hectáreas, una de las zonas más destruídas. En total, dijo, fueron más de 831 hectáreas en ese departamento.

INTERVENCIONES

En el rol de intervenciones, el congresista Marco Arana saludó la rapidez con la que dijeron actuar los organismos encargados de afrontar ese tipo de emergencias. Pero observó que se había evidenciado la falta de recursos necesarios para ello. Consultó si ya había un plan de prevención preestablecido y de respuestas y de intervención ante casos que podría darse en el futuro.

César Villanueva Arévalo (APP) mostró su preocupación porque, dijo, no se trataba de casos o hechos nuevos, y es que en una cita internacional habida en Lima se había hablado sobre los efectos del cambio climático y se precisó que era necesario establecer una medida de prevención.

Subrayó que, personalmente, él no sentía que se hubiese avanzado mucho en materia de prevención. Añadió que se debería de contar con un fondo de recursos económicos permanentes para actuar de inmediato ante la presentación de una emergencia.

Su colega Edwin Vergara Pinto (FP) expresó que no creía que el Perú estuviese más avanzado que Israel para hacer frente  a esa contingencia. Apuntó que se había visto a los propios campesinos tratando de combatir el fuego sin más apoyo que baldes con agua.

Cristina Melgarejo Páucar (FP) opinó que, al parecer, las políticas públicas de prevención no estaban funcionando. Subrayó que las autoridades no han informado, y es que parece que no tenían información de la destrucción de 24 hectáreas en la provincia ancashina de Pallasca. Lamentó que hasta el momento no se hubiese planteado la implementación del Sistema Nacional de Prevención ante esos casos de emergencia.

La presidenta de la Comisión, Elena Foronda, consideró necesario que la región Áncash también fuera declarada en emergencia y añadió que se había registrado la muerte de un niño  durante los daños que dejó el incendio en una superficie de 24 hectáreas, según sostuvo. Instó a contar con información actualizada para, desde esa base, proyectar acciones futuras y poder actuar no solo contra incendios forestales, sino contra los efectos de las sequías y otros derivados del cambio climático, según subrayó. (JTR).

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