Una revisión global del sistema de exoneraciones tributarias se propuso en la sesión del martes 12 de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, posición que tuvo el apoyo del superintendente de la Sunat, Víctor Shiguiyama. Dijo que la revisión debe ser muy técnica y sin pasiones.

            El sistema tributario en el país tiene 244 regímenes de exoneraciones y modificaciones a otras normas que buscan el mismo fin, y la idea propuesta por la congresista Marisa Glave, es que se “vea en paquete” y no sectorialmente como ocurre, por ejemplo, con el régimen temporal en admisión de aeronaves en el país, que fue materia de la sesión de hoy.

            La exposición del jefe de la Sunat estuvo dirigida a explicar las exoneraciones que tienen las compañías aéreas nacionales y extranjeras (especialmente Latam y Avianca que manejan el 68% del mercado aerocomercial en el Perú, según Karla Schaefer) bajo el régimen de admisión temporal y de nacionalización.

            Shiguiyama explicó que desde el 2003 por resoluciones ministeriales y las leyes 26909, 28525 y 29624 se estableció un régimen temporal, incluyendo la Ley General de Aduanas. Sin embargo, desde 1997 las compañías nacionales han utilizado la admisión temporal de sus aeronaves y partes bajo leyes especiales. Se trata de un mecanismo similar al que existe en otros países de la región, con la diferencia que en Perú el impuesto es solo el 6%, en comparación con Chile y México que es el doble de tributación.

            El beneficio de la admisión temporal, según la Ley de Aduanas, es de 18 meses y, según leyes especiales, puede extenderse hasta los cinco años, para lo cual no se requiere de una garantía financiera, como sí se exige en otros países. Sí hay un “valor de nacionalización” al término de la admisión, que es el valor del bien nuevo, más un interés compensatorio de 6,7% anual en dólares, informó el superintendente.

            La Ley 29624 permite el ingreso al país, con suspensión de pago de todo tributo y bajo el Régimen de Admisión Temporal, de las siguientes mercancías: aeronaves y sus partes, piezas, repuestos y motores, documentos técnicos propios de la aeronave y material didáctico para instrucción de personal aeronáutico.

            Asimismo, otorga facilidades para sus beneficiarios como la suspensión del pago de todo tributo por un período de cinco años contados a partir de la vigencia de la norma. Para acogerse al régimen de la norma no se requiere el otorgamiento de garantía ni tampoco es aplicable el interés compensatorio señalado en el Decreto Legislativo N° 1053, Ley General de Aduanas, y una depreciación anual de 20% que permite la nacionalización al quinto año con valor cero de la mercancía.

            Estos tributos suspendidos de aeronaves y partes representan 1,767 millones 529 mil 430 dólares, de 66 empresas. Las aeronaves (53 empresas) hicieron 479 declaraciones por 1,644 millones 676 mil dólares. Una misma aeronave realizó más de una admisión temporal durante la vigencia de la ley 29624 (desde diciembre de 2010).

            Shiguiyama dijo que el total de aeronaves ingresadas temporalmente desde el 2011 es de 66 empresas y 59 nacionalizadas, correspondientes a 18 empresas. En este último caso los tributos suspendidos llegan a 34 millones 968 mil 848 dólares.

            Las empresas acogidas a la admisión temporal son 22 microempresas, 17 pequeñas empresas, 3 medianas empresas y las demás 24, haciendo un total de 66.

            La información alcanzada a la comisión fue, sin embargo, criticada por la congresista Karla Schaefer porque dijo que su momento la Sunat asumió una “actitud cobarde” porque no salió a aclarar este tema frente a los cuestionamientos que se hicieron por desconocimiento de las leyes. Dijo que desde hace dos años el Estado no tiene beneficios por la nacionalización de aeronaves, mientras que el congresista Guillermo Martorell sostuvo que la suspensión no es un subsidio y, por consiguiente, no hay un forado fiscal.

En sus respuestas, el superintendente señaló que cualquier cambio en estos regímenes responde a políticas sectoriales del Poder Ejecutivo y que  la Sunat solamente los aplica, “administra las reglas”, pero es importante que se vean alternativas y se busque otras opciones.

El segundo tema de agenda de la comisión de Transportes y Comunicaciones que preside Roy Ventura, fue la exposición del proyecto de ley del congresista Mauricio Mulder, que limita la publicidad estatal en los medios de información.

El congresista aprista dijo que el predictamen que ha elaborado la comisión tiene la intención de bajar o reducir su propuesta original, “seguramente asustados” por el debate que ha surgido luego de su presentación y que se “había mediatizado el texto”. Pidió que se postergue el debate y estuvo de acuerdo en que se reciban otras opiniones.

Mulder alcanzó a la comisión documentación y artículos sobre la necesidad de implementar en el país un gobierno electrónico porque los medios que hostigan la vida del país y no son críticos del gobierno reciben los dineros del Estado.(OMC)

CENTRO DE NOTICIAS

PRENSA-CONGRESO   12-12-17

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