El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides, planteó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, disminuir el número de especialistas que certifiquen la condición de grave enfermedad o enfermedad terminal del paciente a fin de que puedan cobrar la deuda social que el Estado les tiene desde hace muchos años.

Durante la sesión, el legislador explicó que su Proyecto de Ley 06932/2023-CR, que está referida al cobro de la deuda social en todo el país, propone que sea el médico tratante y no tres especialistas como exige la ley, el que certifique el estado de salud del paciente, además del director del hospital o del centro de salud.

El parlamentario explicó que en zonas alejadas y sin recursos no existe especialistas y los profesores tienen que trasladarse a diferentes lugares para encontrarlos.

“El caso concreto es el de Madre de Dios, donde hay un solo cardiólogo, que trabaja solo 15 días en el hospital de la región y los otros 15 días se traslada al hospital de Arequipa”, indicó.

Manifestó que hay cientos o miles de maestros en el Perú que pugnan todos los meses y todos los años, por cobrar la ‘famosa deuda social’ que el propio Estado se impuso a través de una legislación expresa que establecía que los maestros tenían el derecho de cobrar determinado porcentaje de su remuneración por el tema de preparación de clase.

“Lamentablemente este derecho no se ha pagado durante años y se ha acumulado lo que se llama ahora la ‘deuda social’ que equivale a miles de millones de soles. El Estado ha generado una serie de criterios para pagarla, y se encuentran establecidas en la Ley 30137”, indicó al destacar que éstos son incumplibles.

Dijo que su proyecto busca que el profesor que tiene derecho al pago de deuda social tenga su constancia médica y pueda cobrar como lo hace el profesor de cualquier otra parte del país.

“Creo que es un proyecto que hará justicia a quienes residen en zonas alejadas y sin recursos y no tienen la posibilidad de contar con especialistas”, anotó tras cuestionar que el Estado exija esos requisitos y no los facilite.

Refirió que el Tribunal Constitucional ha señalado -en la sentencia del expediente 284- que la exigencia constituye en el fondo una abierta discriminación, porque exige un requisito prácticamente incumplible.

Salhuana Cavides, señaló que cuando se revisa el ranking de pagos de la deuda social a nivel nacional su región, Madre de Dios, aparece siempre en el último lugar con 30, 40 o 50 profesores al año, con cantidades ínfimas de dinero.

Finalmente, sostuvo que su iniciativa de ley ha recibido la opinión favorable de distintos ministerios, es decir, consideran que es viable.

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