La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside la congresista Leslye Lazo Villón (AP), recibió este miércoles 12 a Víctor Prado Saldarriaga, juez supremo titular y presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, quien sustentó su proyecto de Ley (nro. 3430/2018/PJ) que propone modificar el mecanismo de elección del presidente de la Corte Suprema de la República y de presidentes de las Cortes Superiores de Justicia.

El magistrado recordó su constante lucha por la democratización y reforma del Poder Judicial y dijo que la presente iniciativa es parte de otras tres que presentó el 2018 en el mismo intento de que la Corte Suprema y Cortes Superiores de Justicia tengan en su presidencia a un magistrado electo por todos los jueces del sistema judicial.

«Actualmente la forma de elección de estas autoridades excluye a la gran mayoría de jueces del proceso eleccionario, es un modelo elitista que afecta el sentido democrático de este poder del estado» dijo.
PL 5625/2020 – CR

Seguidamente se analizó el proyecto de ley 5625/2020 – CR de la autoría de la congresista Acción Popular, Rosario Paredes Eyzagirre (AP), que propone regular las disposiciones aplicables al procedimiento especial de determinación de infracciones en materia migratoria, en caso que afecten el orden público, orden interno, seguridad nacional, seguridad ciudadana y otros para los que se prevé imposición y ejecución de sanciones.

Al respecto, Tania Arzapalo, directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Percy Castillo Torres, Adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, advirtieron de las graves consecuencias que tendría criminalizar a personas protegidas por legislación y tratados internacionales de los que el Perú es suscriptor y respetuoso de sus términos.

Solicitan acuerdo con Odebrecht

En otro momento, la legisladora Martha Chávez Cossío (Fuerza Popular) pidió que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos solicite información oficial del Ministerio de Justicia, en cuanto a la intervención del Procurador; a la Fiscalía de la Nación, por la actuación de los fiscales José Pérez y Rafael Vela; y al Poder Judicial en cuanto al papel que cumplió la jueza que homologó el acuerdo suscrito con Odebrech.

Asimismo, solicitó que se remita, el texto único y completo del acuerdo firmado con la empresa Odebrecht.

«El Poder Judicial solo publicó la parte final del mismo y no existe razón para que este acuerdo permanezca en secreto. Más aún hoy que se conoce las opiniones del fiscal Vela que alude a una gravísima inercia e inoperatividad del Ministerio de Justicia – a través de su Procuraduría- frente a una demanda millonaria que Odebrecht ha planteado en instancias internacionales al Estado Peruano por el tema del Oleoducto Sur«.

Chávez Cossio sostuvo que por información no oficial que maneja, en dicho acuerdo presumiblemente se haya traicionado los intereses del Perú, o se trate de un acuerdo entreguista donde incluso se den actos muy graves de corrupción.

«En ese acuerdo solamente se imputa a Odebrecht, delitos menores como colusión, se evitan los otros delitos de organización criminal, de lavado de activos, soborno y situaciones más graves en torno al hecho delictivo«, añadió.

PRENSA-CONGRESO