La Comisión de Constitución aprobó por mayoría y con cargo a redacción, la presentación de un pronunciamiento en defensa del fuero parlamentario en respuesta a las declaraciones del presidente de la República, Martín Vizcarra, por su interpretación del voto de confianza.

El Jefe de Gobierno declaró a los medios de comunicación que de no aprobarse los seis proyectos propuestos por el Poder Ejecutivo acerca de la reforma política, significará que se le ha denegado la cuestión de confianza otorgada.

La congresista Lourdes Alcorta (FP) consideró que es un deber de los parlamentarios defender la institucionalidad. Lo propio hicieron sus colegas de bancada Luz Salgado, Alejandra Aramayo y Héctor Becerril.

Mauricio Mulder fue enfático en señalar que él está decidido a defender el fuero parlamentario y que el Congreso debe responde con valentía frente a las declaraciones de Vizcarra, quien deja abierta la posibilidad de la disolución del Parlamento peruano.

“¿Dónde dice eso que el Presidente puede interpretar el voto de confianza. El señor Vizcarra no ha leído la Constitución. No puede haber disolución. Un voto en verde y mayoritario no es un voto que él pueda interpretar como que se le rechazó la confianza”, manifestó y sostuvo que si lo hiciera sería un golpe de Estado.

Su compañero de bancada, Javier Velásquez Quesquén propuso, entonces, la presentación de un pronunciamiento desde la Comisión de Constitución.

Marisol Espinoza (APP) sostuvo que el voto de confianza no está sujeto a la interpretación del Presidente de la República ni “tampoco es diferida” y coincidió con quienes plantearon el pronunciamiento.

Por su lado, el legislador Gilbert Violeta (NA) propuso que el Parlamento se presente ante el Tribunal Constitucional (TC), para que defina qué significa la confianza aprobada.

En ese sentido, planteó promover una demanda de competencias ante el Tribunal Constitucional para que se establezcan los límites de la cuestión de confianza y la aprobación y modificación de las iniciativas del Poder Ejecutivo.

Por su lado, el congresista Gino Costa (BL) consideró que en las declaraciones de Vizcarra no le parecían provocaciones.

Marisa Glave (NP) invocó a generar un consenso y Marco Arana (FA) consideró que se discutía por un equilibrio de poderes, pero que el tema de fondo no ha sido visto, que son los poderes económicos y políticos detrás de los conflictos.

Después de casi dos horas de debate, la Comisión de Constitución, acordó, por mayoría, emitir un pronunciamiento en defensa de la institucionalidad del Congreso.

En otro momento, se aprobó por mayoría pedir al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, que incluya en la ampliación de la legislatura la reconsideración sobre la votación del dictamen que plantea incorporar en el Código Penal el delito de financiamiento de origen delictivo para las organizaciones políticas.

PROPUESTA DEL EJECUTIVO

Poco después se presentaron en la sesión el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, y el expresidente de la Comisión Especial de Alto Nivel para la reforma política, Fernado Tuesta. Ambos expusieron y detallaron ante la comisión las propuestas comprendidas en el proyecto de ley N° 4188 sobre inscripción y cancelación de las organizaciones políticas.

En el proyecto se plantea, entre otros, que para la inscripción de un partido político debe contar con una relación de afiliados no menor del 0,075 por ciento de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional. Asimismo, que no más de un tercio de afiliados puede tener domicilio en una misma circunscripción electoral. Solo éstos pueden ser candidatos en las elecciones internas de la organización.

Se cancela la inscripción si al concluirse el proceso electoral no se hubiese alcanzado al menos cinco representantes al Congreso en más de una circunscripción electoral; y al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional en la elección del Congreso.
Informó que en el caso de las organizaciones regionales se propone contar con el 1% de ciudadanos que sufragaron en la última elección regional, con no menos de mil afiliados.

Zeballos señaló también que se propone eliminar la presentación de firmas porque no pone en evidencia una vinculación política con el partido político. Respecto a la cancelación de la inscripción, dijo que lo perderían los partidos políticos que no pasen la valla del 5% y los que no participen en los procesos de elección popular.

A su turno, Fernando Tuesta Soldevilla detalló estas propuestas y consideró que el padrón público de afiliados debe ser público, transparente, accesible y permanentemente actualizado.

La presidenta de la comisión, Rosa Bartra, suspendió la sesión para continuarla mañana miércoles a las 14:30 horas, en vista de la imposibilidad de Zeballos Salinas de quedarse para responder a las preguntas de los parlamentarios. Había iniciado su exposición el gerente general de la ONPE, Juan Bolaños Llanos.

PRENSA CONGRESO
18-6-19