La Comisión de Educación aprobó el lunes 12 dos iniciativas vinculadas al sector educación que permitirán promover nuevos espacios sociales, así como la inclusión social.

El primer proyecto de ley aprobado por unanimidad, propone un texto sustitutorio que modifica la Ley Universitaria sobre las bases  mínimas para obtener el grado de bachiller, el conocimiento de la lengua de señas peruana como requisito alternativo para obtener dicho grado académico.

Se establece que para la obtención de grados y títulos se realiza de acuerdo a las exigencias académicas que cada universidad establezca en sus respectivas normas internas, siendo requisito haber aprobado estudios de pregrado, así como la investigación y conocimiento de un idioma, como lengua nativa o lenguaje de señas, de acuerdo a lo establecido en las normas de reconocimiento oficial.

El proyecto también  indica que el objetivo es reivindicar los derechos de las personas con discapacidad, promover su inclusión y dar espacio para que se creen y reconozcan otras formas de comunicación inclusiva que incluyan a las personas con necesidades educativas especiales para el goce efectivo de sus derechos fundamentales.

“Este hecho es una realidad que no podemos soslayar. Hay miles de personas con discapacidad auditiva en el Perú y requieren tener las mismas oportunidades para su desarrollo social y profesional; no podemos ser ajenos a este hecho y  no generará ningún gasto al erario nacional. Las universidades tiene entre sus fines colaborar de modo eficaz en este caso para la inclusión social de miles de estudiantes”, manifestó el parlamentario Edgar Ochoa Pezo (NP).

Los congresistas Gloria Montenegro Figueroa (APP), Joaquín Dipas Huamán (FP), Alberto Oliva Corrales (PPK), Carlos Domínguez Herrera (FP),  Edwin Vergara Pinto (FP), Gino Costa Santolalla (NA), entre otros representantes, coincidieron en señalar la necesidad de aprobar la presente iniciativa que ayudará a la inclusión social y educativa de miles de estudiantes vinculados a esta realidad social.

LENGUAS ORIGINARIAS

Otro proyecto aprobado por unanimidad, establece que se declare el 27 de mayo Día Nacional de las Lenguas Indígenas u Originarias como parte de la pluralidad étnica, cultural y lingüística de la Nación, toda vez que la Constitución Política del Perú establece la identidad étnica y cultural como un derecho fundamental de la persona.

“La presente iniciativa tiene como objetivo desterrar y acortar la discriminación lingüística, es decir, las personas pertenecientes a los pueblos indígenas u originarios continúan sufriendo situaciones o actitudes de discriminación debido al uso de sus lenguas”, refirió la parlamentaria Tania Pariona Tarqui (NP), autora del proyecto de ley.

Los legisladores Edgar Ochoa, Edwin Vergara, Gloria Montenegro, Joaquín Dipas, Nelly Cuadros Candia (NA), entre otros,  coincidieron en señalar la necesidad de promover las lenguas indígenas u originarias de nuestro país, como un medio para garantizar el derecho a la identidad étnica, cultural y social.

“Se propone establecer un día al año para celebrar, comunicar y trabajar por la valoración de las lenguas indígenas, y el reconocimiento de este sector social que es parte de nuestro Perú”, consideró la parlamentaria Cuadros Candia.

INFORMAN LABOR DE SUNEDU

El superintendente (e) de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – Sunedu, Carlos Benavides Abanto, se presentó ante este grupo de trabajo con la finalidad de informar sobre diversos aspectos de su gestión reciente, así como dar a conocer sobre algunos puntos requeridos en relación a gastos y contratos de personal y servicios de la anterior gestión.

El funcionario dijo que tiene una semana en el cargo e informó sobre cinco cuestionamientos a la labor de este organismo, entre ellos la contratación de servicios de consultoría, publicidad y personal contratado, gastos por servicios, y denuncias de irregularidades en los procesos de licenciamiento de universidades.

Benavides dijo que hay 30 universidades licenciadas, 13 en verificación y 51 universidades que están en proceso de la primera etapa de revisión de documentos.

Comentó que si una universidad no se licencia no significa que no se esté haciendo mejoras. Hay un reconocimiento en la población y de las universidades hacia la Dirección de Licenciamiento y del trabajo que realizan. Dio a conocer que se analiza caso por caso y se está dando prioridad a los problemas de fondo.

El superintendente explicó en la comisión que el énfasis que se le quiere dar al trabajo de supervisión no es el punitivo, sino que se está adaptando a lo que la ley exige. Destacó el aumento de 63 a 114 defensorías universitarias y que tres de cuatro universitarios ya tienen opción para continuar estudios en otras universidades y no se vean perjudicados.

También dio a conocer que existe un informe de Auditoría interna sobre el CAS y los servicios y hay observaciones que se están trabajando. Asimismo, informó que el Sunedu tiene 338 trabajadores, todos por sistema CAS.

Al término de la exposición,  parlamentarios de diversas bancadas dieron a conocer sus puntos de vista sobre el informe recibido haciendo conocer sus puntos de vista y algunas interrogantes que fueron respondidos por el funcionario en mención.

Por su parte, Carlos Benavides  refirió que tienen metas trazadas y que viene realizando una labor transparente y sobre algunas interrogantes realizadas por los congresistas serán respondidas por escrito. (FAA).

PRENSA CONGRESO