Los programas sociales, como Juntos y Pensión 65, y la atención a los damnificados más vulnerables no siempre benefician a los más necesitados y quienes los registran no lo hacen como corresponde. Por esa razón es importante que se implemente sanciones contra los responsables.

Así lo manifestaron parlamentarios de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad ante la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Cayetana Aljovín, quien concurrió al Congreso para informar sobre su sector.

Fue con ocasión de analizar la implementación del Sistema Nacional de Focalización que tiene como objetivo lograr que los recursos asignados a las intervenciones públicas, definidas en el marco de la policía social del Estado, contribuyan a atender eficazmente los problemas o necesidades que se buscan resolver.

La titular del MIDIS había señalado que las metas para una mejor focalización son perfeccionar y desarrollar procesos estandarizados para aplicar la metodología de forma automatizada.

El congresista Luis López (FP) cuestionó que los alcaldes y los gobernantes regionales tengan en sus manos la facultad de retirar las pensiones a quienes crean conveniente. Asimismo, demandó el establecimiento de oficinas descentralizadas para atención de los usuarios.

Lopez Vilela fue enfático en señalar que algunos promotores encargados de hacer los registros no lo hacen en forma debida y responsable. Por eso planteó la aplicación de sanciones.

En ese mismo sentido se pronunciaron los congresistas Mártires Lizana y  Clayton Galván, de Fuerza Popular, quienes manifestaron que el sistema debía evitar que los beneficiarios sean vistos como mendigos, reclamando que no los retiren del programa por causas injustificadas.

“Por ejemplo, si supervisan a una persona mayor y no lo encuentran en su vivienda, lo retiran de Pensión 65. También se cree que solo los que tienen 65 años son beneficiarios y no los que tienen más de esa edad. Se ha encontrado a hijos que se reparten la pensión y el beneficiario no obtiene nada. No hay supervisión”, anotaron.

“Los programas sociales debe llegar a donde debe llegar”, acotaron.

LA MINISTRA

La ministra Cayetana Aljovín informó que como coordinadora de la Región La Libertad, se ha registrado el fallecimiento de 17 personas en la zona a causa del fenómeno El Niño Costero.

Asimismo, que el Poder Ejecutivo realizó tareas de ayuda humanitaria y de reconstrucción. En ese sentido, se hicieron 342 vuelos trasladando y proporcionando ayuda, distribuyendo más de 500 toneladas de agua, alimentos, enseres, y otros; y reparando daños de infraestructura como puentes, la carretera Panamericana y varias vías, reparación del canal madre y la tubería de la planta de tratamiento de agua para Trujillo.

Finalmente, se refirió al restablecimiento de las clases en los colegios y la atención en los centros de salud.

OTROS

En otro momento la comisión recibió la visita del presidente del directorio de Olimpiadas Especiales –Perú, Juan Alberto Wu Chang, quien informó sobre los logros del programa de olimpiadas y los proyectos que tienen previsto.

Indicó que en los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales Panamá 2017, 33 deportistas obtuvieron 43 medallas en representación de nuestro país.

Explicó que Olimpiadas Especiales es una organización que busca  mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad  y promueve su integración en condiciones de igualdad, aceptación y respeto, sin pedir recursos al Estado.

Sin embargo, indicó que tienen necesidades que cubrir y que no se entiende la tarea importante que desarrollan, como en el caso de los profesores que viajaron acompañando a la delegación peruana y que les descontaron de sus haberes.

Montenegro Figueroa se comprometió a solicitar el reintegro de sus sueldos toda vez que el trabajo en bien del sector no solo los prepara para retos olímpicos sino que los inserta en la sociedad.

De otro lado, el grupo de trabajo hizo conocer los alcances de dos propuestas legislativas, una de autoría de la congresista Gladys Andrade (FP) que recomienda declarar de interés nacional el acceso prioritario al Programa Pensión 65 de los adultos mayores damnificados por el fenómeno de El Niño Costero.

La otra iniciativa, cuya autora es la congresista Gloria Montenegro, propone una ley que fortalece el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad mediante la incorporación de su condición en el Documento Nacional de Identidad.

Ambas propuestas quedaron listas para su debate. (MED).

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