Después de un amplio debate, el Pleno del Congreso aprobó  ampliar los beneficiarios de la Ley 29482 e incluir a los productores ubicados a partir de los dos mil 500 metros sobre el nivel del mar, dedicados a la explotación de la fibra de lana de ovinos y pieles de crianza, y servicios de Turismo Rural Comunitario registrados en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

            La ley se refiere a los que se dediquen a algunas de las siguientes actividades: piscicultura, acuicultura, procesamiento de carnes, plantaciones forestales con fines comerciales o industriales y producción láctea, crianza y explotación de fibra de camélidos sudamericanos.

            La norma – que rige desde el 2009-  establece exoneraciones del pago del Impuesto a la Renta correspondiente a la tercera categoría, tasas arancelarias a las importaciones de bienes de capital con fines de uso productivo, el Impuesto General a las Ventas a las importaciones de bienes de capital con fines de uso productivo.

            Se trata de una norma de promoción para el desarrollo de actividades productivas en zonas altoandinas, que fue modificada por la asamblea.

            En el inicio legisladores, de distintas bancadas cuestionaron que la propuesta de autoría del congresista Wilmer Aguilar Montenegro  (FP) beneficiara a las empresas en general y no solo a las personas naturales, micro y pequeñas empresas, cooperativas, empresas comunales y multicomunales que tengan como domicilio fiscal, centro de operaciones y centros de producción, las zonas geográficas andinas ubicadas  a partir de los 2,500 metros sobre el nivel del mar.

    Incluso el propio autor se manifestó en contra. En ese sentido se pronunciaron los congresistas María Elena Foronda (FA), Marisa Glave (NP), Tania Pariona (NP), Eloy Narváez (APP), entre otros.

            La legisladora Cecilia Chacón (FP) y Mercedes Aráoz (PPK) aclararon que la propuesta no introduce a ese sector, sino que está contenido en la ley vigente.

         Una cuestión previa para que regrese a comisión interpuesta por el congresista Manuel Dammert (NP) fue desestimada por 51 votos en contra, 29 a favor y 39 abstenciones.

         Con relación a las empresas en general, la ley establece que se refiere a las que cumpliendo con los requisitos de localización se instalen a partir de los 3 mil 200 metros sobre el nivel del mar.

            El titular del Pleno, Daniel Salaverry pidió ir al voto. Se aprobó con 56 votos. 19 votaron en contra y hubo 10 abstenciones. En cumplimiento del Reglamento la segunda votación se llevará a cabo dentro de siete días.

          Inmediatamente después decidió suspender la sesión (6:30 pm) para reiniciarla mañana jueves desde las 9 horas.  (MED)

 PRENSA CONGRESO