Comisión de Justicia aprobó por mayoría proyecto de ley.
Prisión de hasta 12 años para quienes ataquen a personal de salud
Centro de Noticias del Congreso
20 May 2020 | 16:06 h
Los que agredan a profesionales, técnicos o auxiliares asistenciales de la salud a causa del ejercicio de su labor en el ámbito público o privado, serán sancionados con pena privativa de la libertad de entre seis y 12 años, y ocho años de prisión en el caso de lesiones graves.
En esa línea, si se tratara de lesiones leves contra estos servidores de la salud, la pena contra los agresores será de entre cuatro y ocho años de carcelería.
De esta manera, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside la congresista Leslye Lazo (AP), aprobó el proyecto de autoría de la legisladora Tania Rodas (APP), iniciativa que propone la modificación del artículo 121 y 122 del Código Penal.
La propuesta legislativa 4912 fue aprobada por mayoría con 9 votos a favor y cuatro en contra, éstos últimos provenientes de la bancada del Frepap.
La titular de la comisión expuso el predictamen respectivo indicando que la propuesta pretende tipificar como agravante en los delitos de lesiones graves y leves, el daño ocasionado a la salud física o mental de los profesionales de salud en el ejercicio de sus funciones asistenciales.
Con ello -indicó- se busca proteger el derecho a la dignidad, a la salud y a la integridad moral, física y psíquica lo que está vinculado al derecho al trabajo seguro y protegido. Empero, también al derecho de los otros pacientes que se quedan sin la atención de ese servidor.
Dijo que en un contexto de pandemia se genera un grave daño a la salud pública y a la sociedad.
Durante el debate el congresista Omar Chehade (APP) consideró que es necesario actualizar la legislación frente al aumento de los casos de agresiones a este sector laboral.
Alberto De Belaunde (PM) planteó un mayor estudio sobre la propuesta, en la que estaba inicialmente de acuerdo, pero que era más importante saber por qué estos casos caen en la impunidad.
Rocío Santisteban (FA) se manifestó preocupada de que en el contexto de la pandemia se plantee un aumento en las penas, y que se discrimine a otros sectores.
Por su lado, la congresista Nelly Huamaní Machaca ( Frepap) propuso tocar temas de mayor coyuntura, como la elevación de precios de los fármacos contra el Covid-19 en el mercado, porque la propuesta presentada ya tiene tipificado los delitos graves y leves.
PLAN DE TRABAJO
El grupo de parlamentarios también aprobó por amplia mayoría (solo con una abstención) su Plan de Trabajo para el Período Legislativo Anual de Sesiones 2020-2021, el mismo que comprende, entre otros, promover iniciativas que plantean un mejor acceso a la justicia y mejora de la situación de los grupos vulnerables.
Asimismo, aquellos proyectos que acerquen a la regulación nacional los estándares internacionales de derechos humanos; reformas sustantivas y procesales que tengan como consecuencia disminuir los costos de transacción; y abordar la problemática penitenciaria tanto de menores como de adultos.
En cuanto a la función legislativa, el fortalecimiento de la legislación anticorrupción contra los delitos de lavado de activos, trata de personas, terrorismo o similares y defraudación tributaria.
También el fortalecimiento de la seguridad ciudadana frente a la criminalidad organizada; el sistema penal juvenil y de la reforma del sistema penitenciario; la persecución penal contra la violencia hacia la mujer en todas sus formas; y otros.
Lima, 20 de mayo de 2020
PRENSA-CONGRESO