La presidenta del Congreso de la República, Luz Salgado Rubianes, acudió hoy martes 25 a la Comisión de Constitución y Reglamento, ante la cual sustentó un proyecto de reforma constitucional a fin de incorporar al crimen organizado en el plazo de detención preventiva por el término no mayor de 15 días.

La finalidad de la propuesta es evitar que los presuntos delincuentes involucrados en esos casos sean liberados por las autoridades competentes a solo 24 horas de su detención debido a que en ese lapso no se puede elaborar los atestados correspondientes ni se adjunta las pruebas correspondientes para que se les procese, según la iniciativa que contó con el respaldo de varios legisladores en la sesión dirigida por el congresista Miguel Torres Morales (FP).

En su exposición la titular del Poder Legislativo indicó que en casos de crimen organizado hay 22 delitos tales como lavado de activos, secuestro, trata de personas y violaciones de derechos humanos, entre otros tantos.

“Se trata, por ejemplo, de los delincuentes conocidos como ‘marcas’, que suelen ser detenidos con armas, instrumental para el logro de sus fechorías y hasta drogas”, sostuvo la titular del Poder Legislativo, en alocución ante sus colegas parlamentarios. Subrayó que hasta el momento el crimen organizado no es sometido a ese palazo de detención preventiva de 15 días, sino de solo 24 horas.

Tras referirse al grave impacto que ese tipo de delitos causa en la sociedad peruana, Salgado indicó que, siendo una propuesta de reforma constitucional, se requiere de dos primeras legislaturas ordinarias para lograr su aprobación.

“Pero vayamos avanzando en el necesario combate a la corrupción”, instó la parlamentaria, al tiempo de recordar que también hay iniciativas sobre el particular, que han planteado el Poder Ejecutivo y la Contraloría General de la República.

Sostuvo que su proyecto data del 14 de setiembre, y el Poder Ejecutivo ha propuesto otra iniciativa que fue enviada al Poder Legislativo el 21 del presente mes de octubre.

Añadió que no tiene el menor inconveniente en que la propuesta del Ejecutivo sea acumulada a su propuesta, ya que, de lo que se trata, es de encontrar las mejores medidas y acciones en la lucha contra la corrupción y la delincuencia en general.

“Nosotros vamos a contribuir decididamente en la lucha contra la corrupción. En buena hora que se acumule el otro proyecto del Poder Ejecutivo”, remarcó Salgado. Subrayó que el Congreso dará prioridad al tratamiento de estos temas y hasta se convocará a una sesión especial para ventilar proyectos contra la corrupción, según reiteró.

RESPALDO

Al expresar su respaldo a la iniciativa el congresista Maurice Mülder Bedoya (CPA) sostuvo que se trataba de un “aporte positivo”,  y anotó que su aplicación apuntará a una mayor efectividad en la lucha contra la corrupción. Sugirió conveniente convocar a especialistas en la materia de manera que se pudiese establecer la tipicidad de aquellos delitos insertos en el crimen organizado.

Indicó que esa proyectada norma bien podría ser complementada con una ley de desarrollo constitucional para que las autoridades correspondientes puedan actuar mejor frente al crimen organizado.

Gino Costa Santolalla (PPK) sugirió que se convocase al fiscal de la Nación para que precise por qué no sería necesaria una reforma constitucional en este caso y que solo bastaría con algunas modificaciones al código procesal penal.  Respaldó la iniciativa y apreció que tenía gran coincidencia con la propuesta del Poder Ejecutivo.

También se sumó en apoyo la legisladora Marisa Glave Rémy (FA), y anotó su acuerdo en que se viese una norma de desarrollo constitucional para ver temas específicos como el caso de los derechos humanos, por ejemplo.

Otros legisladores que respaldaron la iniciativa fueron Úrsula Letona Pereyra (FP) y Javier Velásquez Quesquén (CPA). Este último consideró que la sustentación de la iniciativa de la presidenta Salgado implicaba el inicio de un gran debate nacional sobre un tema de palpitante actualidad.

El presidente Miguel Torres adelantó que se había enviado documentos expresos a constitucionalistas como Raúl Ferrero y al Defensor del Pueblo, entre otros, a través de la comisión consultiva de la Comisión. Igualmente, dijo que se citará al fiscal de la Nación y a jefes policiales encabezados por su director general a fin de que opinen sobre los alcances de esa propuesta de reforma constitucional.

POSTERGACIÓN

De otro lado, y después de un prolongado debate en el hemiciclo de sesiones del Pleno congresal, la Comisión de Constitución postergó la votación del proyecto de reforma constitucional para crear la Procuraduría General de la República. El tema será visto la próxima semana, anunció la presidencia.

Lo que se busca es que, siendo el proyecto de reforma constitucional, sea aprobado por unanimidad al momento de ser considerado por la Representación Nacional, la cual debe aprobarlo en dos legislaturas ordinarias.

La decisión fue adoptada por unanimidad,  no obstante que en cierto momento la presidencia dio a conocer un nuevo texto sustitutorio, sobre el cual surgieron algunos puntos de vista discrepantes.

DECRETO DE URGENCIA

Igualmente, por unanimidad, la Comisión aprobó el Decreto de Urgencia Nº 001-2016, dictado por el Poder Ejecutivo, por el cual se dicta medidas urgentes y excepcionales en materia económica y financiera destinadas a recuperar la capacidad operativa y la continuidad de los servicios por parte del sector Salud.

La disposición fue aprobada con un llamado de atención al Poder Ejecutivo porque se indica que el ámbito de aplicación se refiere a los establecimientos de salud de Lima Metropolitana y no del ámbito nacional, como era el propósito de la iniciativa.

“Esto nos causa preocupación teniendo clara la situación de dificultades por la que atraviesan los centros de salud a nivel nacional”, expresó la congresista Úrsula Leona, coordinadora del Grupo de Trabajo encargado del control constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo a través de los decretos legislativos, decretos de urgencia y tratados internacionales ejecutivos.

Por tal razón se acordó pedir al Poder Ejecutivo que se sustente debidamente el decreto de urgencia, de manera independiente, según el acuerdo adoptado por unanimidad.                         (JTR).   

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