Impulsar el derecho a una vivienda digna como un derecho fundamental, basado en la dignidad humana con la adecuada cobertura de servicios, es uno de los objetivos principales del proyecto de ley que garantiza el acceso a la vivienda social; iniciativa promovida por la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, y el legislador del Frente Amplio, Yván Quispe.

Precisamente, con la intención de recoger opiniones de diversos estamentos de Gobierno y la sociedad civil, además de recoger experiencias foráneas en esta materia, se desarrolló la «Mesa de Diálogo sobre el Proyecto de Ley 7681/2020-CR, Ley que garantiza el acceso a la Vivienda Social», donde la titular del Legislativo presentó los detalles de dicho proyecto.

Al respecto, la congresista Vásquez resaltó que el derecho a la vivienda digna «es un tema pendiente e histórico, pues tenemos un déficit de casi dos millones de viviendas en el país, y un 63 % de las existentes están construidas sin licencia y generan riesgos de vulnerabilidad».
Asimismo, recordó que no está desarrollada la política sobre este tema, pues los gobiernos que pasaron no le dieron el énfasis necesario.

«Para cubrir el déficit necesitaríamos al menos 20 años. El tema de la vivienda digna tiene que ver con un derecho fundamental, que es la dignidad humana; lo que debe llevar a vivir en condiciones dignas y, por ello, debemos exponer la problemática de manera clara, pues afecta a muchos ciudadanos y en específico a grupos determinados como las mujeres», puntualizó la legisladora.

Sobre el proyecto de ley, Mirtha Vásquez apuntó que la propuesta busca superar la situación de vulnerabilidad en que se construyen las viviendas en el país.

Por su parte, el congresista Yván Quispe (Frente Amplio), coautor del proyecto de ley, consideró que existe un problema estructural, ya que «la oferta de vivienda tiene un enfoque que beneficia a las empresas constructoras y al sistema financiero; por eso, consideramos la necesidad de sacar un proyecto que beneficie a los sectores más vulnerables».

Además, Quispe Apaza sostuvo que el Estado tiene la obligación de implementar políticas que contribuyan al sentido de igualdad y reducir la brecha para garantizar el derecho a la vivienda de personas de pobreza y pobreza extrema.

LA EXPERIENCIA COLOMBIANA
En el encuentro virtual, participó Yovany Jiménez, subsecretario de Hábitat y Vivienda del gobierno local de Bogotá, quien detalló que la vivienda social, en su ciudad y en toda Colombia, está enmarcada en un ordenamiento jurídico encadenado que emana de la Constitución.

«En la constitución, figura la función social de la propiedad, donde no hay derechos absolutos sobre la propiedad privada, y también establece la imposición de obligaciones sociales, incluso en la propiedad privada; además del direccionamiento de la economía en poder de los municipios, lo que hace posible dar un desarrollo urbano equitativo», indicó.

Por su parte, la viceministra de Vivienda, Elizabeth Añaños, presentó el proyecto de ley del Ejecutivo sobre desarrollo urbano sostenible que «es una propuesta que comparte lo planteado desde el Congreso, y es vital contar con el anclaje jurídico como se plantea en la experiencia colombiana».

La representante del sector Vivienda recordó que el país no tiene una política nacional vigente de urbanismo y vivienda, por lo cual es necesario impulsar estos proyectos que buscan evitar el crecimiento informal de las ciudades y potenciar herramientas para la gestión urbana, articulación entre niveles de Gobierno y generar viviendas de interés social en mayor cantidad y con los financiamientos necesarios.

OFICINA DE COMUNICACIONES