La titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña Peralta (APP), informó que durante la primera legislatura del período anual de sesiones 2024-2025, “ha impulsado a trámite 119 denuncias, lo que representa el 57 por ciento del avance de la carga procedimental existente”.

Fue durante la novena sesión extraordinaria de este grupo de trabajo, donde presentó su informe de gestión. Señaló “que iniciaron su gestión con una carga procedimental de 218 denuncias constitucionales, y a la fecha se ha incrementado a un total de 235 denuncias”.

María Acuña Peralta sostuvo que, junto a los miembros de la subcomisión y su equipo técnico, se comprometió “a resolver cada denuncia constitucional conforme al marco de la Constitución Política del Perú, el Reglamento del Congreso, las leyes de la materia, y priorizando en todo momento el respeto a los principios del legítimo derecho de la defensa y el debido proceso”.

Seguidamente, informó que en esta primera legislatura se realizó un total de 16 sesiones (1 de instalación, 6 ordinarias y 9 extraordinarias), en las cuales se dio cuenta de 24 denuncias constitucionales, se realizó 8 audiencias, se delegó 32 denuncias constitucionales, y se aprobó una denuncia constitucional ante el Pleno del Congreso.

Además, manifestó que se aprobaron 4 informes finales en el Pleno de la Subcomisión, se aprobaron 3 informes finales en el Pleno de la Comisión permanente, y se aprobaron 47 informes de calificación.

DELEGACIONES

En esta última sesión extraordinaria se aprobaron dos delegaciones. Se delegó a la congresista Nilza Chacón Trujillo (FP) la Denuncia Constitucional 492, interpuesta por el exfiscal de la Nación (i), Juan Villena Campana, contra la presidenta de la república Dina Boluarte Zegarra, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio, tipificado en el artículo 394 del Código Penal.

Se delegó al parlamentario José Jerí Oré (SP) la Denuncia Constitucional 509, interpuesta por el exfiscal de la Nación (i), Juan Villena Campana, contra la presidenta de la república, contra los expresidentes del Consejo de Ministros, Pedro Angulo Arana y Alberto Otárola Peñaranda y contra los exministros César Cervantes Cárdenas, Jorge Chávez Cresta, Alberto Otárola Peñaranda, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández.

Por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, tipificados en los artículos 108, 121 y 122 del Código Penal, respectivamente.

AUDIENCIA

En primer turno, la subcomisión continuó con la audiencia relacionada a las denuncias constitucionales 361, 370 y 456 (acumuladas) contra la congresista Rosio Torres Salinas (APP) por la presunta infracción a los artículos 1, 2 (incisos 15 y 22), 23, 38, 39 y 45 de la Constitución y por la presunta comisión del delito de concusión; tipificado en el artículo 382 del Código Penal.

Participaron la congresista denunciada y su abogado, Eduardo Barriga Bernal. También los testigos Cecilia Salazar Matos y Hans Rodríguez Vela, quienes afirmaron que la legisladora denunciada nunca les pidió parte de sus bonos o remuneraciones a cambio de mantenerse en sus puestos laborales.

Los testigos Abigail García Díaz, Miriam Tito Álvarez, Juan Pérez Guerra, Robert Vela Florez, no se hicieron presentes.

Al finalizar la audiencia, la presidenta de la subcomisión, en atención al artículo 89 del Reglamento del Congreso, dio por concluida la misma y otorgó un plazo de hasta cinco días hábiles al ponente delegado, Segundo Quiroz Barboza (BMCN), para presentar su propuesta de informe final.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL